La sindicatura de la quiebra de Algodonera Avellaneda S.A. (AA) le aconsejó al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que no autorice la continuidad de la explotación y que disponga el cese de la actividad en las tres plantas de la empresa: la hilandería del Parque Industrial de Reconquista y las desmotadoras de Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco). El cierre se haría una vez terminada la producción que está en proceso.

El planteo forma parte del informe previsto en el artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebras. Lo firmaron los síndicos María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono, y fue presentado en el expediente que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista.

Ahora el juez deberá resolver si la empresa sigue o no funcionando y para eso tiene diez días.

Los propios síndicos admiten que el dictamen cambia el criterio que habían adoptado al declararse la quiebra, el 14 de octubre. En ese momento dispusieron la continuidad inmediata de las plantas con la expectativa de que los trabajos para terceros permitieran sostener la operación hasta vender la empresa en marcha. Según el informe, los hechos posteriores frustraron esa expectativa.

Los argumentos de la sindicatura

Lo que ingresa solo alcanza para los sueldos
Hoy la única actividad de la fallida son los contratos de fasón, es decir, servicios industriales para terceros: el cliente aporta la materia prima y la empresa la procesa a cambio de una tarifa. La hilandería procesa unos 300.000 kilos mensuales para Insumos XXI s.a. y Sir Cotton s.a.
Según los números que presentó la sindicatura, con base en el presupuesto de octubre, la planta de Reconquista factura unos 424,8 millones de pesos por mes. Los sueldos, cargas sociales, ART, seguros y aguinaldo suman 354,5 millones. Después de pagar salarios quedan apenas 70 millones, que no alcanzan ni para los insumos.

La energía cuesta más que todo lo que factura la planta
El consumo de energía oscila entre 533 y 782,5 millones de pesos mensuales. Si a eso se suman insumos (36,8 millones) y mantenimiento, administración, servicios e impuestos (65,6 millones), la hilandería pierde entre 565 y 814,7 millones de pesos por mes, unos 538.800 dólares en el peor escenario. Solo la energía representa el 63% del costo total.
Los síndicos recordaron que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) intimó el 20 de octubre el pago de más de 4.603 millones de pesos, bajo apercibimiento de cortar el suministro, e informó un saldo exigible de más de 9.281 millones. AA no paga ni el consumo eléctrico, que oscila entre 470 y 690 millones por mes.

A quien entiende que un corte abrupto perjudicaría a los clientes, a la propia empresa y a los acreedores, porque los activos podrían sufrir daños importantes, la sindicatura responde que ese riesgo no existe con un cierre preventivo y programado.

Los clientes se negaron a pagar más
La sindicatura les propuso a los comitentes dos alternativas: actualizar el precio del fasón para cubrir el costo completo de producción, o hacerse cargo de la energía que consumen sus pedidos. Ambas propuestas fueron rechazadas.
El informe agrega que hay inversiones posibles para hacer más eficiente el consumo de energía, que ya se expusieron en audiencias del expediente, pero que la quiebra no está en condiciones de afrontarlas.

Las desmotadoras se sostienen con adelantos de LNV
En Bandera y General Pinedo la situación es distinta, pero el resultado es el mismo. La campaña de desmote 2026 terminó en octubre y la próxima no empezará hasta que llegue el algodón de la cosecha 2027. Hasta entonces, las plantas no generan ingresos propios.
Sus gastos de personal, energía y mantenimiento se venían cubriendo con anticipos de La Nueva Vicentin de Grassi, a cuenta del contrato de desmote de la campaña 2027: al menos 345,9 millones de pesos entre octubre y diciembre.

Para los síndicos, esos anticipos no son ingresos, sino servicios que la quiebra deberá prestar el año próximo o devolver. Es decir, más deuda. A eso se suman facturas de energía impagas y las intimaciones de las distribuidoras de Santiago del Estero y Chaco.

Seguir funcionando perjudica a los propios trabajadores
Este es el argumento jurídico central del informe. Todo lo que se adeuda durante la continuidad es “gasto del concurso” y, por ley, se paga antes que los demás créditos, incluidos los de los trabajadores. Por eso, según la sindicatura, una operación deficitaria no preserva el valor de la empresa, sino que traslada su costo a los acreedores, “empezando por los propios trabajadores”.
Vender en marcha no compensa la pérdida
La ley permite continuar la explotación para vender la empresa funcionando a un precio mayor. Pero los síndicos advierten que esa ventaja solo existe si el mayor precio supera lo que cuesta sostener la operación hasta la venta. Con un déficit cercano a los 800 millones de pesos por mes, no es el caso. El valor de las plantas, sostienen, puede preservarse con un régimen de conservación y custodia, a un costo muy inferior.
Aun así, aclararon que no promueven el desguace. Las tres plantas son unidades industriales integradas que valen mucho más como tales que como galpones, maquinaria ociosa o chatarra, y deben ofrecerse en condiciones de ser reactivadas por un comprador. El régimen de conservación también contempla una eventual reactivación si cambian las condiciones.

El impacto social
La sindicatura afirmó que no desconoce el impacto de la decisión sobre los trabajadores y sus familias, sobre la cadena algodonera y textil regional y sobre las comunidades de Reconquista, Bandera y General Pinedo. Pero sostuvo que ese interés no puede justificar una explotación deficitaria, porque solo trasladaría el costo hacia los demás acreedores y, en primer lugar, hacia los créditos laborales.
Qué pasaría con los 243 trabajadores

Al 14 de octubre había 243 trabajadores afectados a la continuidad: 204 en la hilandería de Reconquista, 21 en la desmotadora de Bandera y 18 en la de General Pinedo. La quiebra suspendió sus contratos por 60 días, un plazo que vence el 13 de diciembre.

La sindicatura le pidió al juez que declare extinguidos los contratos por causa de quiebra, excepto los del personal que se necesite para terminar la producción en curso y para las guardias. Las remuneraciones por los trabajos realizados desde el 14 de octubre se pagarían con prioridad, como gastos del concurso.

Para que los trabajadores puedan cobrar el seguro por desempleo sin demoras, los síndicos registrarán las bajas en ARCA, entregarán las certificaciones de servicios y los certificados de trabajo, y pidieron que se envíen oficios a ANSES y a las autoridades laborales de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. También habilitaron un formulario en línea para gestionar los pedidos de pronto pago de los créditos laborales.

Cierre ordenado y guardias mínimas

El cese no significa abandonar las plantas. La sindicatura mantendrá en cada una guardias mínimas para la custodia y vigilancia las 24 horas, el mantenimiento de la maquinaria, la prevención de incendios (prioritaria en lugares que almacenan algodón y fibra), la entrega de la mercadería de los clientes y el acceso de tasadores, martilleros e interesados.

También pedirá reducir la potencia eléctrica contratada al mínimo indispensable para la seguridad, porque los cargos fijos de la EPE rondan los 171 millones de pesos por mes aunque la planta esté parada.

La venta de los activos seguirá el procedimiento fijado por el juez en la Resolución 634 del 10 de noviembre. Los inmuebles de CABA y El Colorado, los rodados, la maquinaria en desuso y la chatarra serán los primeros en liquidarse, para que la quiebra cuente con sus primeros fondos.

Reconquista Hoy