La instancia propone “intentar un acercamiento entre las partes”, según especificó la jueza y remarcó que a la misma deberá concurrir el titular de la Defensoría del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, como parte actora. Por el lado del Ministerio de Energía de la Nación, deberán hacerlo “personas con facultades suficientes para conciliar o tomar decisiones en el marco de la causa” y por el lado de la empresa Secheep, deberá hacerlo su presidente, José Tayara, debido a que lo que se resuelva se hará efectivo en la órbita de esa entidad.

El ombudsman destacó que en la audiencia “será necesario acordar una modificación en las políticas. Los usuarios chaqueños desde todos los sectores se han expresado y remarcaron que el valor actual de las tarifas no se puede pagar. Lo que necesitamos es que el Estado nacional incluya a los chaqueños en sus decisiones políticas y que las tome pensando en todos los argentinos”, remarcó.

Corregido hizo hincapié en la necesidad de una política específica para el rubro energía que contemple las economías regionales. Recordó que en el noreste particularmente, las familias son electrodependientes porque no tienen gas natural y viven en zonas de temperaturas extremas que demandan mayor uso de electricidad durante el año. En ese contexto puntualizó: “el gobierno nacional debe garantizar el acceso de todos los argentinos a la energía eléctrica y debe hacernos sentir a los chaqueños que somos partes del proyecto de país para el que se establecen políticas que garanticen servicios esenciales”.




Fuente: Diario Norte