Noticia que impactó en la defensa nacional de la Educación Pública gratuita y que motivó una marcha atrás por parte de la misma Universidad, mediante un comunicado que confirmaba la suspensión de la polémica medida.

De igual manera, el ombudsman manifestó que dicha decisión no puede concretarse por ser ilegal y remarcó que de consentirse dicha propuesta, se establecería un precedente indebido que conllevara prácticamente a la privatización de las universidades públicas, una postura que por ley está prohibida en Argentina.

"De concretarse en algún momento la idea de arancelar carreras de grado, se marcaría un retroceso. En este sentido se debe tener en cuenta que luego de la reforma constitucional del año 1994, aumentaron las obligaciones del Estado en materia educativa, en función de las atribuciones otorgadas al Congreso Nacional, que sancionó las leyes de organización y de base de la Educación, aclarando que se debe respetar los principios de gratuidad y equidad en la Educación Pública sin distinguir niveles de enseñanza, según el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional”, indicó el comunicado de la Defensoría chaqueña.

Además, el ombudsman sostiene que, en caso de que la Universidad no pueda solventar los costos de la carrera, debe abordarse desde el plano presupuestario esta cuestión, para garantizar el derecho constitucional de aprender.





Fuente: Diario Primera Línea.