Se sabe que el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como uno de sus basamentos la corresponsabilidad, que se entiende como la obligación que tiene cada actor estatal y social para lograr el pleno ejercicio de la Ley 7.162.

Para evaluar el cumplimiento de este conjunto de acciones consagrado en la normativa provincial, se efectuó el segundo plenario de comisiones entre trabajadores del Estado, y autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Legislatura.

Por el Ministerio de Desarrollo Social participaron la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Julieta Tayara, entre otras autoridades; y las ponencias en el plenario se dividieron en la comisión de consumo problemático de sustancias, niñas y niños en situación de adoptabilidad y adolescentes en conflicto con la ley penal y la comisión de niños víctimas.

Con respecto al trabajo que se lleva adelante desde Desarrollo Social, Tayara detalló el plan de fortalecimiento institucional que se viene aplicando para el centro socioeducativo Tres Horquetas en lo que hace al reequipamiento de la institución, mejoras en infraestructura y el establecimiento de un protocolo de actuación e intervención.

“El objetivo es la resocialización de estos adolescentes y lograr que la medida excepcional que se toma se extienda lo menos posible en el tiempo y concluya con la integración y la inclusión de estos chicos”, detalló Tayara.

En lo que hace a niñas y niños en situación de adoptabilidad, la subsecretaria comentó que se busca reimpulsar el Registro de Familias Acogedoras, establecer junto con la Justicia el Registro Único de Adoptantes siempre con la perspectiva de garantizar la vinculación familiar entre hermanos.




Falta de interés por la problemática

A su turno, la defensora General Alicia Alcalá, se refirió a la concepción social que existe sobre adolescentes en conflicto con la ley y exhortó a interiorizarse por la normativa.

“Lamento que exista un desconocimiento y quizás falta de interés por la problemática de adolescentes en conflicto por la ley, la legislación nos marca el rumbo a seguir y hay que entender el proceso que llevó a estos chicos a transgredir las leyes y como sociedad debemos ver y reconocer la responsabilidad que tenemos cada uno”, explicó.


Presencia y perseverancia

Mientras que la ministra del Superior Tribunal de Justicia María Iride de Grillo, expresó que si bien la labor por efectuar para lograr el pleno cumplimiento del sistema es ardua, existe el “compromiso, la presencia, paciencia y perseverancia” del Poder Judicial y el Ejecutivo en avanzar en el mismo camino.

“Hay muchas cuestiones por mejorar y continuar con el trabajo de implementación de la ley porque tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial son los responsables de la realización de los derechos humanos en especial sobre los niños y adolescentes, que son el presente y el futuro”, indicó.


Fuente: Subsecretaría de Comunicación y Medios