El funcionario de Fiscalía de Estado, Fernando Ford, afirmó que la propuesta de pago de la deuda con empleados judiciales es por el bien todos.

En ese contexto marcó que se ofrece “una serie de alternativas como para que las partes puedan arrimar sus posiciones y alcanzar un convenio” de pago por medio del decreto reglamentario dictado con ese objetivo y que tiene como plazo máximo de vigencia el 30 de octubre.

Al respecto marcó que “con esta normativa no se puede satisfacer a todos los créditos no por una razón caprichosa de esta gestión de gobierno sino porque lamentablemente el volumen que significa la masa de reclamos ha hecho que el Estado tome una cantidad de dinero, parte en un principio, pueda satisfacer gradualmente los distintos reclamos crediticios”. Por ello apuntó que “la normativa contempla desde el pago de contado, una percepción del 50 por ciento y el saldo en cuotas dentro de determinados plazos” y sugirió a los demandantes del pago salarial adeudado por el Poder Judicial que “se reúnan con el decreto, que lo estudien, analicen pero siempre partiendo de la base que el Estado no puede satisfacer todo”.

Luego que “lamentablemente no hay para todo” y que “se toma hasta un determinado monto y con eso se trata de arribar al acuerdo”, que dijo será posible en la medida que cada uno de los demandantes así lo entiendan después considerar la propuesta dada a conocer el miércoles por el Poder Ejecutivo firmando un convenio de pago tras 25 años de litigio.

De a uno

El funcionario de Fiscalía de Estado dijo que cada uno de los demandantes “tiene un crédito” que “está consolidado y reconocido por sentencia que es por equis suma de dinero que se puede pagar de contado o con el cincuenta por ciento de entrega y el saldo en cuotas en determinada cantidad de años”. Estimó que los actores de los juicios deben evaluar “si conviene hacerlo ahora o esperar 25 años.

Ese análisis es el que tiene el reclamante no solo con su abogado, lo tiene que hacer en el seno de la familia también, porque lo va a disfrutar con el titular del crédito a la cabeza”.

Con esa consideración dijo que es posible que el reclamo “no sea satisfecho en forma total” pero que puede ser “en forma parcial, y es lo que surge del convenio, que es para convenir entre las partes determinados intereses y hay renuncias. Una parte declina algo y la otra lo hace también. El convenio es para arrimar intereses”.

Ford señaló que el decreto establece prioridades para los mayores de 70 años de edad, enfermos o con alguna discapacidad. “Hemos tenido situaciones de personas que iniciaron esta lucha y que cuando percibieron el crédito, porque se liberó fondos desde un tribunal, a la semana falleció”.

“Acá no hay recortes de créditos, sino que el Estado dice que puede pagarlos de determinadas maneras y los demandantes deben evaluar si es que le conviene o no. Se trata de una propuesta para terminar con esta historia, sabiendo si le conviene o no. Y si fuera bien considerado luego firmar el convenio de pago que estime el adecuado”, añadió.

Una propuesta por el bien de todos

Fernando Ford está convencido de que la decisión del Poder Ejecutivo es “una propuesta por el bien de todos, no solo del Estado sino también de todos los reclamantes” y anticipó la posibilidad de “no cerrar la puerta” a este convenio el 30 de octubre si es que se trata de lograr que se firmen más convenios para saldar este litigio por un acuerdo entre las partes.


Fuente: Diario Norte