El objetivo es conocer si hubo avances en la calidad de vida de las personas afectadas, cuyos casos fueron el eje de la demanda contra el Estado Nacional y la Provincia del Chaco que promovió el por entonces ombudsman de Nación, Eduardo Mondino.

En relación a esto, el defensor chaqueño, Gustavo Corregido, informó que dará participación en este proceso a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Fiscalía de Estado para que participen del relevamiento con el fin de obtener detalles sobre el impacto en la gente de las políticas públicas que se ejecutaron en las zonas que comprende la cautelar: los departamentos General Güemes y General San Martín.

La evaluación será llevada adelante por el trabajador social Mario Gabriel Chávez (MP 411), promotor de esta iniciativa, que se desempeña profesionalmente en la zona de Villa Río Bermejito hace 20 años. Junto a él trabajará personal técnico de la Defensoría chaqueña con el objetivo de evaluar y conocer qué eficacia y grado de desarrollo tuvieron las políticas aplicadas y qué impacto tuvieron en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores



Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo