La falta de respuestas en sede administrativa ante los cuestionamientos a determinadas decisiones de organismos y funcionarios públicos que afectan los derechos de los usuarios y consumidores, lleva habitualmente a la Defensoría del Pueblo a recurrir a la Justicia a los fines de cuestionar esas decisiones por considerar que existen irregularidades que afectan a la legalidad y en algunos casos la constitucionalidad de determinados actos de gobierno. Por este motivo se presentaron medidas cautelares y amparos en defensa de los derechos de los usuarios, relacionadas con el transporte, la tarifa de peaje, energía eléctrica y también por el mal servicio de las empresas de telefonía celular.

Estas causas se encuentran en distintas instancias y es de vital importancia para los ciudadanos que se resuelva como van a ser aplicadas las resoluciones judiciales sobre las mismas.



Transporte Chaco Corrientes

En relación a esto, el más reciente caso fue el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que dejó firme la decisión de que las empresas que prestan servicios de transporte interprovincial entre Chaco y Corrientes deberán retrotraer el valor de la tarifa y realizar la audiencia pública correspondiente para incrementar el valor del boleto. Este jueves, la jueza federal N° 2, Zunilda Niremperger notificó que aceptó la propuesta del Ministerio de Transporte de la Nación para cumplir con la decisión judicial. Es por ello que, a raíz del amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, desde este lunes a las 00 se retrotrae la tarifa del boleto del servicio Chaco – Corrientes para el tramo que va desde la Terminal de ómnibus de Resistencia al Campus Universitario ubicado en Corrientes, de 11,50 pesos actuales a 10 pesos. Para el tramo que va desde el puerto de Corrientes y atraviesa la localidad de Barranqueras, así como el que llega directo por avenida Sarmiento, se propone pasar de 8,50 pesos del valor actual, a 8,25 pesos.



Energía eléctrica

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Chaco también obtuvo resolución favorable en la medida cautelar que interpuso junto a una acción de amparo colectivo en defensa de los usuarios de energía eléctrica de Chaco. En el mes de agosto, la doctora Zunilda Niremperger a cargo del Juzgado Federal N° 2 dispuso provisoriamente la suspensión de la resolución 6/2016 emitida por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y por lo tanto se deberá suspender por el momento el aumento instituido en ese instrumento. Cabe recordar, que mediante dicha resolución, se estipularon nuevos valores para el Mercado Eléctrico Mayorista de energía eléctrica.

En este sentido, el ombudsman, Gustavo Corregido explicó que el siguiente paso es esperar a que se resuelva la acción de fondo: el amparo interpuesto que tiene por objeto que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución Nº 0006/2016 emitida por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y de todos los actos posteriores que surjan de la misma; así como también pide que se ordene al Estado Nacional, que previo a la disposición de aumento en el precio de la energía para la Provincia del Chaco convoque a una audiencia pública a fin de posibilitar la participación de los usuarios y consumidores.



Pendientes de resolución

Otro de los casos más cuestionados es el del servicio de comunicaciones: hace más de tres años, la Defensoría del Pueblo de Chaco espera el dictamen sobre el amparo presentado contra el Poder Ejecutivo de la Nación por el mal desempeño de las empresas de telefonía celular. El expediente recién se encuentra en la etapa de apertura de la causa a prueba, un claro retraso si se tiene en cuenta que el proceso iniciado debe estar caracterizado por su celeridad. A pesar de que transcurrió un largo período desde que se dio curso al amparo, la causa no tuvo un avance significativo por la falta de respuesta judicial y esto genera un conflicto enorme en el servicio que recibe la ciudadanía.

También se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación y expresión de agravios que el 16 de agosto presentó el defensor, contra la sentencia interlocutoria de fecha 9 de Agosto de 2016, en la que el juez federal subrogante Aldo Alurralde rechazó la medida cautelar que interpuso la Defensoría del Pueblo para frenar el aumento en los peajes del Corredor Vial N° 6. El ombudsman pide que se revoque dicha resolución y en consecuencia se decrete la medida cautelar conforme fue solicitada.





Fuente: Diario Primera Línea.