En tal sentido, los funcionarios del organismo tendrán la misión de investigar el estado de las causas contra funcionarios públicos nacionales por administración fraudulenta de los últimos 20 años.

Rozas explicó que “la definición alcanza a todos los juzgados federales y Tribunales Federales. Se revisarán las causas desde 1996 a la fecha. Además de analizar el estado de los expedientes deberán determinar las razones por las que no pudieron avanzar en caso que así lo amerite”.

De esta manera desmintió que “la inspección se limite a la provincia o se ordenó por problemas con los juzgados del Chaco”, donde hay pocas presentaciones contra los exfuncionarios nacionales. Resulta que gran parte de las demandas fueron presentadas en los juzgados de Comodoro Py, es decir que son pocas las demandas que recayeron en manos de los magistrados chaqueños. Por ejemplo, una de las pocas causas, que podrían estar dentro del abanico a inspeccionar, es la investigación contra los funcionarios, profesionales y particulares involucrados con las jubilaciones truchas. Alcance de la medida Por otra parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, informó que se puso a consideración el proyecto de dictamen en el expediente caratulado “Lipera Guillermo (Presidente Colegio de Abogados de la CABA) y otros s/ presentación”. “Y se dispuso con el voto unánime de los consejeros presentes la realización de una auditoría de relevamiento sobre los Juzgados y demás Tribunales Federales con competencia en materia penal de todo el país”, indicó.

“Respecto de la tramitación del universo de causas judiciales, se estableció que el objeto de la auditoría estará dado por el relevamiento de datos correspondientes a las causas judiciales que cumplan los siguientes parámetros”, comentó. “Que hayan sido iniciadas o tramitadas entre los años 1996 y 2016.Que su objeto sea la investigación de delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del título XI, o en el título XIII del Código Penal. Que haya sido imputado un funcionario público nacional. Que haya existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal (ver resolución 342/16)”, agregó.





Fuente: Diario Norte.