La Cámara de Diputados aprobó anoche y envió al Senado el proyecto que determina que las demandas judiciales contra el Estado deberán ser dirimidas en el Fuero Contencioso Administrativo, en un debate donde el oficialismo reivindicó este marco regulatorio frente a una heterogénea oposición que, con diferentes matices, rechazó esta iniciativa.

Tras ocho horas de debate, el Frente para la Victoria pudo cumplir su objetivo de aprobar esta iniciativa al conseguir junto a sus habituales aliados 129 votos a favor; en tanto la oposición reunió 105 y se registraron dos abstenciones.

El bloque presidido por Juliana Di Tullio logró iniciar el tratamiento del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, luego de haber conseguido junto a sus aliados, el quórum reglamentario para habilitar esta sesión especial.

El oficialismo reunió 133 diputados con la ayuda del Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista de La Pampa, dos salteños, un ex radical correntino, Compromiso Federal que responde a los hermanos Rodríguez Saá, y el diputado fueguino y senador electo Jorge Garramuño.

En su articulado el proyecto establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria" y establece que las demandas deberán estar sujetas a los fueros específicos como el Contencioso Administrativo.
Señala que la sanción pecuniaria "disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios" y se exime de responsabilidad al Estado "por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial" y cuando "el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero".

La diputada kirchnerista Diana Conti defendió el proyecto oficial, al asegurar que con esta propuesta se está "protegiendo al Estado" por "el interés general y el bien de todos" contra "la ambición depredadora de la industria del juicio o de la patria pleitera que tanto ha agraviado a la Argentina".

Conti rechazó los cuestionamientos de la oposición al negar que el oficialismo haya eliminado la Responsabilidad del Estado del proyecto de reforma y unificación del Código Civil que se debate en el Senado y aseguró que "el Estado siempre responde".

Al exponer en la sesión especial convocada para tratar el proyecto de Responsabilidad del Estado, la legisladora aseguró que la propuesta marca "un salto cualitativo" y aseguró que al definirse en una ley le otorga "un mayor conocimiento" para los ciudadanos que "lo que pueda ser la jurisprudencia" fijada por distintos fallos de la Corte.

En tanto, la jefa del bloque de diputados nacionales del GEN, Margarita Stolbizer, advirtió que el proyecto oficial de Responsabilidad del Estado es "una ley a medida de los intereses personales del Gobierno", y consideró que su aprobación por parte de la Cámara baja es "darle un garrote mortal a la República".

Stolbizer consideró que la propuesta impulsada por el oficialismo "vuelve a manchar la historia de este Congreso Nacional" y aseveró que la norma libera a "los funcionarios de cumplir con los fallos judiciales", en caso de irregularidades en sus funciones.

"Esta ley no soluciona ningún de los problemas que tienen los argentinos, más bien al contrario", enfatizó la legisladora, quien consideró que la norma "no pasará un test de constitucionalidad".

En tanto, la diputada nacional Elisa Carrió cargó contra el proyecto oficial de Responsabilidad del Estado al asegurar que es "la ley de autoamnistía para los funcionarios K en retirada", y consideró que "estamos asistiendo al quiebre del derecho".

Carrió aseveró que esta es una ley de "autoamnistía de los funcionarios del Gobierno kirchnerista en retirada, y básicamente para un ministerio, el de Planificación Federal, que tuvo a cargo todas las concesiones" de los servicios públicos.

Por su parte, la diputada nacional por el Frente Renovador Graciela Camaño calificó al proyecto como un "latrocinio jurídico", y advirtió que "si el Congreso sanciona esta iniciativa existe el riesgo de que quede impune la irresponsabilidad civil de los funcionarios".

La legisladora massista consideró que el proyecto del oficialismo "intenta consagrar la impunidad de los funcionarios" pero además remarcó que plantea "una inequidad ante los ciudadanos" frente a la ley.

En el marco de la sesión especial convocada por la Cámara baja para tratar el proyecto de Responsabilidad del Estado, Camaño afirmó que la propuesta del Gobierno nacional "va en línea a un estado omnipresente e incumple con los servicios esenciales" y de acuerdo a su opinión "invita a la irresponsabilidad".

A su turno, el diputado del Frente Amplio Progresista Omar Duclós aseguró que el proyecto oficial de Responsabilidad del Estado genera "una situación compleja y problemática que genera inseguridad jurídica" y consideró que la norma debe ser regulada por "la legislación civil".

Duclós enfatizó que "el Estado tiene la obligación de ser ejemplar en el cumplimiento de su deber" y denunció que la propuesta oficial "recorta la responsabilidad patrimonial del Estado" frente a sus incumplimientos.

Al confirmar el rechazo de su interbloque a la propuesta de Responsabilidad del Estado, el legislador consideró que la iniciativa "lamentablemente beneficia al Estado" y "deja en una situación de desprotección al ciudadano".

Por último, el diputado nacional por el PRO Pablo Tonelli afirmó que el proyecto oficial de Responsabilidad del Estado es "una ley mala en sí misma" al considerar que "está concebida en un criterio que no respeta la jurisprudencia" argentina.

"Estamos ante el riesgo cierto de que muchas provincias no adhieran a la Responsabilidad del Estado", alertó Tonelli, quien no descartó la posibilidad de que los Estados provinciales o municipales "dicten normas que excluyan la posibilidad de demandar al Estado o a los funcionarios".

Al exponer en la sesión especial que se realiza en la Cámara baja, el legislador advirtió que "la aprobación de esta ley es un retroceso y nos haría volver cien años atrás en la historia", pero además alertó que la norma impulsada por el kirchnerismo "no va a servir para hacer más responsable al Estado" sino que "para lo único que va a servir es para ser más irresponsables a los funcionarios".

La sesión se inició con 133 diputados en el recinto a las 13.57 pero el Frente para la Victoria tuvo que reunir antes el quórum mínimo de 129 legisladores en sus bancas sin el apoyo de la oposición, que logró con sus aliados tradicionales más el interbloque de Compromiso Federal y expresiones solitarias como la del radical correntino Rodolfo Fernández, quien también dio número cuando se trató el presupuesto nacional.