El Tribunal Oral Federal (TOF) confirmó las fechas para el juicio oral y público contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad. El debate se desarrollará los días 24, 25 y 28 de junio, y el 2 y 6 de julio de 2027. La pareja fue condenada en noviembre a prisión perpetua por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski.

Según pudo confirmar CHACO DIA POR DIA, las fechas fueron notificadas el viernes de la semana pasada. La causa recae sobre la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, entidad a través de la cual —según la hipótesis fiscal— funcionaba la organización social que conducían el matrimonio Sena-Acuña, y que hoy se encuentra disuelta por orden de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Chaco.



La investigación se inició a partir de un hecho ajeno, en apariencia, al delito económico: los allanamientos realizados el 9 de junio de 2023 en el domicilio de la familia Sena, en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, pareja de César Sena, hijo del matrimonio investigado. En ese procedimiento se secuestraron más de seis millones de pesos en efectivo sin justificación de origen, lo que motivó al fiscal federal Patricio Sabadini a abrir una investigación preliminar por una hipótesis de lavado de activos.

El patrimonio bajo la lupa

Según el requerimiento de elevación a juicio, Sena incorporó a su patrimonio una sucesión de camionetas Toyota Hilux y otros vehículos entre 2015 y 2023 —la última, valuada en más de 19,6 millones de pesos—, además de dos fracciones de tierra en el departamento Libertad que le habían sido adjudicadas por el Instituto de Colonización del Chaco. Acuña, por su parte, habría adquirido tres inmuebles en Resistencia y Colonia Benítez mediante boletos de compraventa sin inscripción registral, uno de los cuales vendió en 2021.

El dictamen destaca también numerosos viajes internacionales del matrimonio a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia, registrados por Gendarmería Nacional, que a criterio de la fiscalía resultan incompatibles con los ingresos declarados por ambos como empleados públicos del Ministerio de Educación y, en el caso de Acuña, también del Ministerio de Desarrollo Social.

Gastos

El eje central de la acusación es la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, cofundada por la pareja en 2009, que facturó de manera exclusiva al Estado provincial. Según el requerimiento, sus acreditaciones bancarias treparon de 16,4 millones de pesos en 2015 a más de 122 millones entre enero y mayo de 2023, con el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) como principal financiador en el último tramo.

El fiscal Sabadini señala que en el ejercicio 2022 los gastos declarados por la fundación en los rubros “mano de obra por convenio y materiales” y “personal del centro de salud” se dispararon entre un 238% y un 500% respecto del año anterior, muy por encima del crecimiento real de los ingresos facturados a los ministerios provinciales. Para la fiscalía, ese desfasaje constituye una maniobra de “abultamiento falso de gastos” destinada a dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito desviados del Estado provincial, en un esquema en el que —según consta en la causa— la casi totalidad de las transferencias recibidas por la fundación eran retiradas en efectivo personalmente por Sena.

El antecedente del IAFEP

El requerimiento fiscal identifica como posible ilícito precedente el manejo de fondos del IAFEP para la construcción de 40 soluciones habitacionales, por un total de 160 millones de pesos, de los cuales el organismo había desembolsado un anticipo de 48 millones.

Una inspección ocular constató que la obra no se encontraba en el terreno asignado, y ante el reclamo de reintegro, los interventores de la fundación —ya disuelta— ofrecieron como dación en pago un camión que, según remarca el dictamen, había sido comprado meses antes con otro aporte no reintegrable del mismo IAFEP.

Sabadini encuadra la conducta de Sena y Acuña en el artículo 303, inciso 1, del Código Penal, agravado por habitualidad conforme al inciso 2, apartado a) del mismo artículo, y solicita la elevación a juicio oral y público de ambos en calidad de coautores.

El requerimiento recuerda que el delito de lavado de activos es autónomo respecto del delito precedente y no exige una condena previa por este último, bastando la comprobación genérica de una actividad delictiva que excluya otros orígenes posibles de los bienes.

El expediente había tenido un primer auto de procesamiento en diciembre de 2024, revocado por la Cámara Federal de Apelaciones a pedido de la propia fiscalía por una modificación improcedente de la base fáctica. Un nuevo procesamiento, dictado en junio de 2025, fue confirmado por la Cámara en agosto de ese año, allanando el camino hacia el juicio que ahora tiene fecha fijada para mediados de 2027.