Justicia
Causa “Facturas truchas”: piden hasta 16 años de prisión para Pasko y Ayala como presuntos jefes de asociación ilícita fiscal y lavado
En un extenso alegato, el fiscal federal ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel, solicitó este martes las condenas más altas para Walter Pasko y Fernando Ayala, a quienes acusó de encabezar una asociación ilícita fiscal y una estructura de lavado de activos. El pedido incluye penas de entre 3 años y medio y 11 años para otros acusados y la absolución de una imputada.

Miércoles, 19 de agosto de 2026
En el cierre de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, el fiscal general Federico Carniel formuló un duro pedido de penas para los 11 acusados del juicio conocido como “Facturas Truchas” o causa “Pasko”, donde se juzga una megacausa por asociación ilícita, emisión masiva de facturas apócrifas y lavado de dinero.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena más elevada para el contador Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, a quienes consideró los jefes y organizadores de la estructura criminal. Para ambos, pidió una pena única de 16 años de prisión, aplicando las reglas del concurso real entre los delitos de asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
Pubicidad
CONTENIDO PROMOCIONADO
El pedido de condena para los líderes y los demás imputados
En el detalle de su alegato, Carniel requirió para Walter Pasko 10 años de prisión por ser el organizador de la asociación ilícita fiscal y 7 años por lavado de activos, más una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas. Para Fernando Ayala, el fiscal pidió la misma pena de 10 años por la asociación ilícita y 8 años por el lavado, totalizando también los 16 años de prisión como pena única.
La Fiscalía ubicó a ambos en la conducción de una estructura que, según sostuvo durante el juicio, tenía “dos cabezas y una sola lógica”. A Ayala se le atribuyó el acceso a programas estatales y organizaciones beneficiarias, mientras que a Pasko se le asignó el manejo de las personas jurídicas y la documentación que permitía respaldar las operaciones.
El fiscal también reclamó 11 años de prisión para María José Reinau, esposa de Ayala, por considerarla integrante de la asociación ilícita y coautora del lavado de activos. Para el resto de los acusados, Carniel solicitó:
-Diana Yael Daniel, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy: 7 años de prisión.
-Edith Marisela Ayala y María Belén Reinau: 4 años y 6 meses de prisión.
-Álvaro Iván Pasko: 4 años de prisión.
-Jorge Pasko: 3 años y 6 meses de prisión.
“Si querés blanquearlo, inventá una factura”
Uno de los momentos más contundentes del alegato del fiscal fue su definición del modus operandi de la organización investigada. Carniel explicó que tuvo en cuenta como agravantes la magnitud del perjuicio económico, la naturaleza de las maniobras y el grado de preparación de los acusados. “Es dinero que no ingresó al fisco”, sostuvo el fiscal al dimensionar el impacto de las maniobras.
En una frase que sintetizó la operatoria delictiva, Carniel afirmó: “Si querés producir dinero negro, rompé una factura o reducila; y si querés blanquearlo, inventala”. La Fiscalía demostró que la organización utilizaba CUIT y claves fiscales de clientes y personas vulnerables para crear fundaciones y cooperativas fantasma, emitir facturas truchas para evadir impuestos y captar subsidios estatales, fundamentalmente fondos del exIAFEP, que cobraban en efectivo.
Absolución para una acusada y el pedido de decomiso
La situación procesal de Juana Elsa Abrahim fue la excepción en el pedido fiscal. Carniel entendió que la prueba producida durante el debate no permitía alcanzar el grado de certeza requerido para una condena y solicitó formalmente su absolución por el beneficio de la duda.
Como punto final de su alegato, el fiscal reiteró el pedido de decomiso de todos los bienes utilizados en el delito de lavado de activos, detallados en el incidente número 99 del expediente. Los bienes incautados incluyen departamentos de lujo sobre la avenida Sarmiento, vehículos de alta gama y comercios sin ingresos justificables que habrían sido adquiridos con el dinero proveniente de la facturación apócrifa y los subsidios desviados.
Tras finalizar el alegato de la Fiscalía, el tribunal dará lugar a los alegatos de las defensas que comenzarían este jueves 20 de agosto, antes de emitir la sentencia en el proceso que investiga el desvío de fondos públicos y el perjuicio millonario a las arcas fiscales.