Un histórico vuelco judicial se produjo en la provincia del Chaco en el marco de las causas que investigan los crímenes del terrorismo de Estado. La Jueza Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento de 14 exfuncionarios públicos por el delito de asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad, perpetrados bajo la estructura de la última Dictadura Cívico-Militar.

La resolución, firmada el pasado 12 de junio, desentraña la existencia de una organización criminal estatal y jerarquizada que operó con permanencia en el tiempo y división funcional de tareas en el ámbito del Área Militar 233.


Los imputados: de la Justicia a las fuerzas de seguridad

El procesamiento dictado por la magistrada alcanza a civiles, penitenciarios, altos mandos del Ejército y miembros de la policía provincial, confirmando la transversalidad del aparato represivo. Todos los acusados en esta causa ya fueron condenados en el marco del proceso de juzgamiento a los implicados en el Terrorismo de Estado en el Chaco.

Ello son el exfiscal federal Roberto Mazzoni; el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Casco; los 8 exoficiales del Ejército Luis Alberto Patetta (teniente primero), Ernesto Jorge Simoni (mayor), Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme y Tadeo Bettolli (tenientes coroneles), y Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol (coroneles).

También los 4 exefectivos de la Dirección de Investigaciones: excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, exsuboficial mayor Gabino Manader, exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra y el exsargento José Marín.

El camino hacia el procesamiento

Llegar a esta instancia judicial requirió un extenso recorrido. La causa había transitado previamente por diversas resoluciones de “falta de mérito”, lo que desencadenó numerosas apelaciones ante la Cámara Federal de Resistencia y la Cámara de Casación Penal.

Sin embargo, el impulso definitivo se dio entre 2024 y 2025, cuando la Fiscalía presentó ampliaciones del requerimiento fiscal. Estas presentaciones extendieron las imputaciones y robustecieron la hipótesis acusatoria sobre el funcionamiento de una red criminal coordinada desde el propio Estado.

Los fundamentos de la resolución: “Un aparato organizado de poder”

A lo largo de un exhaustivo documento de 166 páginas, la jueza Niremperger analizó el contexto histórico de progresiva militarización iniciado en 1975 y consolidado a partir del 24 de marzo de 1976.

“En la provincia del Chaco, dicho dispositivo represivo se desarrolló bajo conducción militar y con intervención de diversas agencias estatales, entre ellas fuerzas policiales, organismos penitenciarios y estructuras de inteligencia en una dinámica que excedió la actuación aislada de agentes individuales y se insertó en un esquema de represión ilegal de alcance más amplio”, sostiene la jueza Niremperger en los fundamentos de la resolución.

Respecto a la responsabilidad individual de los procesados, la magistrada remarcó que su intervención debe ser valorada por su integración a un “aparato organizado de poder”.

La resolución concluye que los elementos probatorios permiten sostener, prima facie, que cada uno de los implicados efectuó un aporte funcional al desarrollo de esta estructura estable y orientada a la comisión de delitos, bajo una clara distribución de roles, motivo por el cual se determinó su procesamiento en carácter de coautores.