Con el año nuevo, llegan también los aumentos. Si bien es común que las empresas de servicios tanto públicos (agua, luz, transporte) como privados (telefonía, cable, internet, prepagas, etcétera) al comenzar cada año adecuen sus costos de acuerdo a previsiones inflacionarias, lo cierto es que principalmente en estos últimos años, los incrementos que se fueron dando, dejaron muy atrás a las actualizaciones salariales, creando un desfasaje que no es otra cosa más que la pérdida del poder adquisitivo.



Esto queda en evidencia en la provincia si se tiene en cuenta que la pauta salarial de 2017 para los empleados estatales fue del 7,5%, cuando la inflación, compuesta justamente por las mediciones de las subas no solo de estos servicios, sino también de la canasta alimentaria superó el 25%.



En este contexto, Sameep fue la primera empresa en transitar el camino para incrementar su tarifa, es decir en concretar una audiencia pública, que a pesar de ser muy cuestionada por la falta de información brindada, estableció los nuevos precios que comenzarán a regir en marzo. Los valores para una familia tipo con un consumo de 12 mil litros por mes serán: de $355 sólo por consumo de agua, mientras que el de agua y cloacas rondará los $610.



A su vez, Secheep también convocó a su audiencia pública para el próximo 8 de febrero y se anticipó que tras cumplir este proceso obligatorio el aumento rondaría el 38%. También se anticipó la audiencia pública para evaluar los costos del transporte, que en primera medida se había dispuesto para marzo, sin embargo por insistencia empresarial se anticiparon los plazos y se la convocó para el 23 de febrero. Si bien aún no se anticipó el porcentaje pretendido, el empresariado local mira hacia Capital Federal, donde se incrementó un 33% este servicio.





Audiencias polémicas

Estás audiencias públicas son un paso necesario, establecido por la Constitución, para avanzar en modificaciones tarifarias de servicios públicos. No obstante no son vinculantes, por lo tanto si bien propician la opinión popular, las manifestaciones vertidas no determinan la aplicación ni los montos de los aumentos. Ni siquiera lo hacen los estudios de costo presentados, como sucede en el caso del transporte, donde al fin de cuentas es el Ejecutivo el que toma la decisión.



Por lo tanto son un proceso administrativo más, que únicamente deja en evidencia que, a pesar de todos los argumentos de las empresas sobre la necesidad de aplicar aumentos, la población los rechaza, porque no puede absorberlos, e impactan en su calidad de vida. Otro factor cuestionado es el momento en el cual se convocan estas audiencias, como sucede ahora en temporada estival, con receso administrativo, lo que asegura la escasa participación popular de las mismas. Todo esto quedó en evidencia en la primera audiencia pública que realizó Sameep, donde solamente se registraron 17 inscriptos para exponer. Lo que seguramente se repetirá en las próximas convocatorias.







La Voz del Chaco