Las comisiones de Recursos Naturales, Salud y Agricultura recibirán el próximo lunes a distintas organizaciones sociales que reclaman poder opinar sobre el proyecto de ley de Biocidas impulsado por el gobierno provincial que se debate en la Cámara de Diputados del Chaco y que desde el oficialismo pretenden aprobar durante este mes de mayo.

“Nuestros funcionarios no receptaron el mensaje que emitieron las personas que participaron de la audiencia pública. Más allá que la audiencia no sea vinculante, se expusieron varios fundamentos. No únicamente por las afectaciones que la gente tiene actualmente sino también fundamentos científicos e investigaciones que han demostrado los efectos nocivos que tienen los agroquímicos en la salud humana y el ambiente”, consideró la abogada Alejandra Gómez, asesora de la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, en diálogo con FM Libertad. En ese sentido, cuestionó que el proyecto del gobierno provincial mantenga en mil metros la zona de resguardo para las fumigaciones aéreas –tal como lo establece la ley de Biocidas vigente sancionada en el año 1989- y que se incorpore un límite de 500 metros para las pulverizaciones terrestres-.

“Mantener esa distancia de mil metros lo que nos demuestra es que realmente no se escuchó, no se analizó lo que se planteó en la audiencia”, aseguró la abogada ambientalista. Y recordó que “ese día, al cierre de la audiencia, el presidente dijo que las comisiones de Agricultura y Salud iban a analizar y estudiar todo lo expuesto y que, posteriormente, iban a emitir sus conclusiones”.

“Hasta el día de hoy desconocemos cuáles son las conclusiones que hayan emitido estas comisiones que sin embargo están tratando este nuevo proyecto con un pedido de tratamiento preferencial para el mes de mayo”, cuestionó Gómez.

“No solo queremos reforzar lo que se planteó el año pasado en la audiencia sino también exponer los cuestionamientos a este proyecto”, señaló la asesora legal de la Red de Salud “Dr. Ramón Carrillo”.

“Buenas prácticas agrícolas”

Con respecto al concepto de “buenas prácticas agrícolas” impulsado desde el Ministerio de Planificación y Ambiente del Chaco e incorporado al proyecto de ley en debate, Gómez advirtió que el problema es “quién las controla”. “En una ley vigente de hace 20 años que establece mil metros de distancia para las aplicaciones aéreas hasta el día de hoy son incontrolables. El Ministerio de la Producción que tiene a cargo la Dirección del Control Fitosanitario actúa recién después de las denuncias, después que se cometen los hechos y la población ya tuvo una consecuencia sobre las aplicaciones”, señaló la abogada ambientalista. Recalcó además que los funcionarios de la Dirección de Control Fitosanitario admitieron en la última reunión de las comisiones legislativas que existen solo dos inspectores en toda la provincia para controlar el cumplimiento de la ley de Biocidas.

El “modelo”

Por otro lado, la abogada cuestionó que se ponga como ejemplo de “buenas prácticas agrícolas” a la producción ictícola que comenzó a desarrollarse en cercanías a las arroceras del Departamento Bermejo una vez que los fallos judiciales ordenaron resguardar a un barrio de la localidad de La Leonesa de las pulverizaciones con agroquímicos en esos establecimientos. “Esto tenemos que dejar clarito que comenzó a realizarse recién a partir del año pasado, después de ocho o nueve años de denuncias que vienen haciendo los pobladores sobre las malas prácticas que se realizaban en las fumigaciones en esa zona”, explicó la asesora de la Red Carrillo. Y precisó que “ahora que se determinó que en determinada área no se puede fumigar, en cercanías del barrio La Ralera, en ese lugar se está realizando la producción ictícola. Pero ahora, desde que se estableció esta restricción”.




Fuente: Chaco día por día