Tras varios idas y vueltas, los diputados dieron la media sanción al proyecto de contratación público privada comisión. Se espera una sesión maratónica.

Tras varias idas y vueltas, el macrismo enfrenta una sesión crucial en la Cámara de Diputados. En una jornada que se prevé maratónica trata de avanzar en el recinto con su primer presupuesto, la limitación a los “superpoderes” del Jefe de Gabinete para reasignar partidas y aprobar el proyecto de contratación público privada, que ya sufrió un revés la semana pasada.

El proyecto de Participación Público Privada (PPP) fue el primero en ser tratado en la sesión. El Gobierno buscó reflotar el proyecto que fracasó en su aprobación dentro del recinto la semana pasada, luego de que el Frente para la Victoria y el massismo votaron la vuelta a comisiones, donde se introdujeron numerosos cambios para lograr el aval de las comisiones de Legislación General y Presupuesto. Finalmente, la propuesta recibió la aprobación con 151 votos a favor, 77 en contra y 6 abstenciones.

A pedido del bloque Justicialista se introdujeron pautas para que en la selección de contratistas se prioricen a las industrias nacionales, es decir, que haya un criterio que les dé ventajas por encima de las extranjeras.

Además, se incorporaron los “deberes” que tendrá la entidad contratante, como el de promover el desarrollo de proyectos tendientes a cuidar el medioambiente y el Poder Ejecutivo deberá informar el pacto fiscal de los compromisos asumidos e incluirlo al Presupuesto. En tanto, para 2017 se fija un tope del 5 por ciento del presupuesto que se podrá utilizar para proyectos de PPP.

La discusión fue más sencilla este miércoles, pues las diferencias habían sido subsanadas en comisión, donde se acordaron las modificaciones que se habían esbozado la semana pasada en el recinto. En su vuelta a comisión, se estableció entre otras cosas que este tipo de contratos deberá contemplar un 33% de participación de bienes y servicios de origen nacional, algo con lo que Cambiemos buscó “llevar tranquilidad” a la CGT.

Para exponer sobre el tema, el macrista Daniel Lipovetzky consideró que el proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”, y recordó que en 2005 el entonces presidente Kirchner aplicó algo similar a través de un decreto.

“Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen, y han avanzado mucho” en cuestiones de infraestructura, recordó, y destacó las modificaciones introducidas en la Cámara baja “para cuidar al trabajo argentino, a las Pymes, y al medio ambiente”.

Entre las modificaciones destacó la aplicación de la ley de Compre Nacional, como así también “la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33% debe ser nacional”. Por eso estimó que el proyecto permitirá además de mayor obra pública, “también va a generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa”.

Respecto de los controles, destacó la creación de una comisión bicameral de seguimiento con facultades no solo para seguir los procesos de PPP que se vayan avanzando, sino también la fiscalización y la obligación de las partes de concurrir a la bicameral a informar al menos una vez al año.

En contra se pronunció el diputado Axel Kicillof, que habló de “leyes neoliberales” con las que el Gobierno pretende “cerrar el año”. Cuestionó el proyecto, señalando que la iniciativa es “de interés para el proyecto neoliberal que está implementando” el Gobierno, “de manera solapada”. El ex ministro consideró que “lo más grave es que no se le ha comunicado a la sociedad de qué se trata”.

“Cada vez que (el Ejecutivo) presenta una ley, lo que presenta es un error”, aseguró. Y rechazó que hubiera “ensayo y error”, pues todo es “voluntad del Ejecutivo”. Kicillof negó que así se vaya a terminar con la falta de transparencia, afirmando que “donde se aplicó este tipo de proyectos, hubo casos de corrupción”, y habló de un intento de “tercerizar el proceso de contratación de la obra pública del país”.

“Se desnacionaliza, se desestatiza”, denunció, asegurando que “como está planteado el proyecto, casi cualquier obra y servicio que realizaría el Estado ahora va a aparecer como iniciativa privada”, garantizó, y cuestionó que la ley plantee la jurisdicción de tribunales extranjeros en los litigios que puedan plantearse. Concluyó afirmando que “esta ley no sirve, mata a las pymes, mata al trabajo nacional”.

Luego habló el diputado de izquierda Pablo López, que consideró que el dictamen con modificaciones fue solo un “maquillaje”, y reiteró sus críticas formuladas la semana anterior. “Esta es una ley (planteada) ante la desesperación de que no vienen inversiones, para entregar los manejos a los extranjeros”, y aseguró que “los privados no van a poner un peso” y van a ser los que disfruten de la realización de esas obras. Denunció a continuación que el debate del Presupuesto no se hubiera dado en el marco de una sesión ordinaria y que en cambio fuera puesto a consideración el proyecto de contratación público privada, estimando que fue para “asegurarse los votos”.

Esta semana se avizoraba difícil para Cambiemos tras varios traspiés en los plenarios y en las reuniones de comisiones.
Debió transpirar más de la cuenta y ceder en más de lo previsto ante los pedidos del Frente Renovador y el bloque Justicialista para lograr el dictamen favorable del Presupuesto 2017, ya que la propuesta original sufrió más de una veintena de cambios y se deberá tratar junto con los “superpoderes”.

La idea del macrismo era avanzar primero con el proyecto que estipula los gastos y recursos para el año próximo y en otra sesión con la limitación al jefe de Gabinete para reasignar partidas.

A nivel macroeconómico, el proyecto prevé un PIB del 3,5%, inflación del 17%, dólar a $18 y un déficit del 4,2%.
Pero la negociación no pudo dilatarse más ya que el diálogo con los partidos de la oposición resulta clave para Cambiemos, ya que necesita del apoyo de otros espacios políticos al momento de avanzar con su agenda política y económica.

El macrismo sabe que su partido no reúne las voluntades necesarias para aprobar por sí solo ninguna ley en ninguna cámara del Congreso. A raíz de ello -y en vistas a sumar adherentes de otras fuerzas- desde principios de año se comprometió a limitar las facultades de Marcos Peña, jefe de ministros, a la hora de reasignar partidas presupuestarias.

De no mediar sorpresas, las propuestas –que ya estarían acordadas en comisión- terminarán siendo aprobadas durante la madrugada del jueves. Luego, serán remitidas al Senado para su sanción definitiva.

Todo el peronismo (incluido el Frente para la Victoria) remarcó que no iban a “cometer la irresponsabilidad de dejar al Gobierno sin Presupuesto” y que iban a aportar a la gobernabilidad”.
La cámara alta las aprobaría durante la última sesión ordinaria de noviembre, que tendría lugar el miércoles 30.

Principales cambios del Presupuesto

Las negociaciones con el Bloque Justicialista y el Frente Renovador provocaron que el Gobierno acepte introducir varias modificaciones. Entre ellas:

• Las provincias se verán beneficiadas con $5.000 millones, que serán destinados a financiar obras de infraestructura. El 70% de esos recursos será para las provincias, y el 30% para los municipios.

• El Ministerio de Interior recibirá $4.500 millones más para la realización de obras hídricas.

• Se incorpora una suma de $300 millones para la ejecución de la Ley de Bosques.

• Incrementar el presupuesto destinado a Ciencia y Técnica en 1.290 millones de pesos, de los cuales 800 millones serán para el Ministerio conducido por Lino Barañao.

• Ocho de los 14.000 millones destinados a financiar los déficit de las cajas previsionales se distribuirán de manera automática, en doce cuotas mensuales y equivalentes, entre las provincias que no transfirieron sus sistemas jubilatorios.

• Aumento de $1.000 millones para las universidades nacionales y destinar otros 40 millones a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

• La Rioja, gobernada por Sergio Casas, percibirá $650 millones más en el Presupuesto para financiar gastos de inversión.

• Coparticipación automática de los fondos para cubrir gastos en materia educativa a los municipios.

Superpoderes

También la comisión pretende dictaminar en relación del proyecto que envió el Poder Ejecutivo para modificar el artículo 37 de la ley de Administración Financiera, para reducir gradualmente desde el año que viene al 2019 al 5 por ciento el porcentaje que tiene la Jefatura de Gabinete permitido para mover partidas.

El Gobierno había propuesto fijar ese límite en el 10% del Presupuesto, pero por presión de la oposición, debió llevarlo al 7,5%. Ese será el valor para el ejercicio 2017, mientras que para 2018 y años siguientes, el tope que la Casa Rosada podrá mover a discreción quedará fijado en el 5% del Presupuesto.

Además del tope, Cambiemos debió aceptar una restricción adicional, que establece un límite del 15% para las reasignaciones que impliquen una transferencia de gastos de capital a gastos corrientes.

"Venimos desde (la discusión por el pago a) los holdouts pidiendo reducir los superpoderes. Hemos encontrado una fórmula interesante", ponderó el diputado massista Marco Lavagna.

Por su parte, el diputado del bloque Justicialista, Diego Bossio, consideró que el "7% es un número suficientemente alto" que no supondrá dificultades para el PEN, y recordó que en los últimos años la reasignación de partidas "nunca superó" ese nivel.

El ex titular de la ANSES destacó que la redacción final de esta iniciativa serán ajustados durante el debate en el recinto.
“En muchos artículos plantea facultades al jefe de Gabinete para remover partidas a gusto. No tiene sentido que nos manden esa ley”, protestaron desde el massismo.



Fuente: Iprofesional