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Corregido acompañó a Peppo en la firma de un documento contra la criminalización de la protesta de aborígenes
El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, celebró que el gobernador Domingo Peppo haya firmado una “manifestación de desinterés” sobre causas penales que pesan contra integrantes de comunidades originarias de Pampa del Indio.
Jueves, 9 de junio de 2016
              


Desde hace tiempo, la Defensoría del Pueblo viene reclamando a la Justicia chaqueña que finalicen las investigaciones en curso en virtud de que criminalizan la protesta social.

En ese marco, la mañana del martes el ombudsman junto al doctor Mauro Echezarreta, acompañaron al mandatario chaqueño en la firma del documento remitido al Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina.

En torno a “las especiales circunstancias” en que se produjeron las más de 20 causas que se investigan, ocurridas en el marco de protestas y peticiones el día 19 de febrero de 2014 en Pampa del Indio, Peppo expresa que “dada la escasa lesividad y como se ha dicho los distintos bienes jurídicos en juego, este Poder Ejecutivo no tiene interés actual en la persecución penal de los mencionados hechos”.

En el documento, el gobernador indica que dichas causas “sin dudas se vinculan con reclamos de derechos inalienables de todo ser humano, como es el acceso al agua suficiente y de calidad”. Por eso entiende que “sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis y concordantes del Código Procesal Penal del Chaco, es decir, la aplicación del principio de oportunidad”.

En la firma del documento también estuvo presente el secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya y el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Néstor Sotelo.

Desde el 2014

Por estas causas Corregido había señalado en 2014 que “no se puede permitir que gente que reclamaba el cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obligaba al estado provincial y nacional a la provisión de agua y alimentos (entre otras cosas) a las comunidades tengan que afrontar procesos penales, por el solo hecho de que hubieron funcionarios que no cumplieron con compromisos asumidos”.

Desde ese año, el defensor chaqueño en conjunto con la Defensoría de la Nación, recomendaron a la Justicia la no criminalización de las protestas que en esa etapa los aborígenes llevaron adelante para reclamar por sus derechos vulnerados.


Fuente: Subsecretaría de Comunicación y Medios
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