En coincidencia con la semana en que se conmemora el Día de Lucha contra la Violencia Institucional, la justicia federal de Resistencia resolvió dictar la “falta de mérito” beneficiando así a treinta agentes del Servicio Penitenciario Federal acusados por supuestos “apremios ilegales” contra internos y al exjefe de la Unidad Penal Nº 7, Pedro Enrique Amargán, quién actualmente es el número 2 del Servicio Penitenciario Federal designado durante la gestión de Mauricio Macri.

La decisión fue adoptada por la jueza federal Zunilda Niremperger actuando como subrogante en el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, cuyo cargo se encuentra vacante desde la jubilación del doctor Carlos Rubén Skidelsky. En su resolución, la magistrada consideró que “de los testimonios arrimados a la causa no surgen elementos relevantes ni suficientes como para sostener la autoría y responsabilidad de los imputados mencionados en el hecho que se investiga”. En ese contexto, mencionó como fundamento que “las personas que compartían el pabellón, algunas manifestaron vivir y presenciar ese tipo de tratos, mientras que otros argumentan no tener problemas con el personal de requisa y no haber visto nada de lo ocurrido, simplemente accediendo a firmar las notas porque el resto de los internos lo hacían”.

Además, Niremperger precisó que del material filmado durante las requisas en los pabellones 3, 8 y 13 “no pudo visualizarse de los mismos ninguna actitud que comprometa a los agentes penitenciarios”. Asimismo, advirtió que “… de las testimoniales de los internos, las mismas no alcanzan para tener como probable la participación de los imputados mencionados en los sucesos indagados”.

“…a prima facie no existen elementos de juicio suficientes para procesar, pero tampoco para dictar una sentencia instructoria que concluya la causa y por ende cerrar la investigación del delito que motiva la actividad jurisdiccional”, puntualizó.

Niremperger consideró que no obstante “no pudo observarse situación de violencia o malos tratos hacia los internos, debe tenerse en cuenta que aún quedan pruebas pendientes de producción”. E insistió que “hasta el momento no se observan los estándares mínimos para dictar procesamiento de los imputados en tanto y en cuanto los elementos hasta ahora arribados no resultan de relevancia para sostener tal medida como así tampoco para dictar el sobreseimiento de los mismos”.

Los hechos

Durante el mes de septiembre del año 2013 internos de los pabellones 3, 8 y 13 de la Unidad 7 de Resistencia iniciaron una huelga de hambre denunciando que eran víctimas de malos tratos, amenazas y destrucción y robo de objetos personales por parte del personal penitenciario. Las denuncias llegaron a la delegación NEA de la Procuración Penitenciaria de la Nación y a los representantes del Ministerio Público Fiscal. A fines de ese mismo mes el fiscal federal de Resistencia, Federico Carniel, solicitó que se indague a 30 agentes de la U7 por su presunta participación en apremios ilegales contra la población carcelaria y también al por entonces director de la U7, Pedro Enrique Amargán por “omitir” las denuncias de los internos y no impulsar ningún tipo de medida sancionatoria.

A pesar del pedido por parte del Ministerio Público Fiscal, a los pocos meses Amargan fue ascendido a jefe de la Regional Noreste del Servicio Penitenciario Federal durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y actualmente es el subdirector nacional del Servicio Penitenciario Federal, es decir, el segundo en la línea de mando, designado por el presidente Mauricio Macri.

La mesa de diálogo y los avances

La Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal es uno de los penales que está en el centro de la atención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) desde la creación de ese organismo bajo el ámbito de la Procuración General de la Nación en 2013. La Procuvin y los fiscales de la jurisdicción han impulsado allanamientos, pedidos de detención de penitenciarios por torturas y una investigación en la que se busca dilucidar si se encargó el crimen de un interno, entre otras.

También se llevó adelante una mesa de diálogo entre todas las partes, coordinada por el exjuez Carlos Skidelsky. Fueron seis audiencias que se sintetizaron en un acuerdo de 16 medidas para mejorar las condiciones de detención de los internos de la U7, entre ellas la prohibición del ingreso de detenidos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense para controlar el cupo de los alojados y también la prohibición de la utilización de la denominada “celda seca” en la que los detenidos no contaban con baño ni con agua.




Fuente: Chaco Día por Día