La intervención fue por una orden judicial nacional y tendría que ver con la maniobra que investiga el juez Federal Sebastián Cassanello. A fines de febrero, hubo allanamientos similares.

Fue, entonces, por la venta de remedios a afiliados ya fallecidos. Así lo había ordenado el juez Casanello, quien investiga el caso.

Estiman que el negociado le habría costado unos 1.500 millones de pesos a la obra social. Hay muertos que aparecían en el padrón del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, según la denuncia que realizó el organismo a cargo de Carlos Regazzoni.(AIM)



Fuente: Diarioelargentino.com