Para encontrar una solución definitiva al conflicto de las tierras de la Reserva Grande y no repetir lo ocurrido en el Interfluvio, el gobierno provincial se puso al frente de un proceso para unificar criterios en procesos de consultas con los pueblos originarios y de esta manera llegar a la titularización de 300.000 hectáreas divididas en partes iguales para las tres etnias.



La ministra de Desarrollo Social, Marta Soneira, a través de radio Universidad destacó el trabajo de todos los sectores que intervinieron en este proceso que se verá coronado este sábado -si no llueve- con la entrega del decreto de adjudicación de las tierras para las comunidades aborígenes y los decretos de reservas para los criollos.

La funcionaria manifestó el agradecimiento a las comunidades indígenas dejando claro que “la postura de las distintas etnias fue clave; hubo cooperación y entender que somos todos hermanos”, poniendo en evidencia que los pueblos originarios son “sabios” y “encontramos en el proceso de consulta una madurez que no se esperaba y queda felicitar a las comunidades por la apertura que tuvieron”.

“Tiene que haber igualdad, equidad de acceso a las tierras para las comunidades, pero también hay que destacar que se dejó claro que no haya un proceso de exclusión de los criollos, sino que las 230 familias permanezcan dentro y eso es un gesto que hay que reivindicarlo porque es muy importante”, indicó.

Soneira explicó que “lo fundamental fue haber constituido un equipo para resolver un conflicto que viene de mucho tiempo y hacerlo en el marco del consenso y la paz social. En ese camino unificamos criterios y hemos logrado lo que queríamos hacer”. Resaltó que participaron la Defensoría del Pueblo, Defensoría General, Idach y el Instituto de Colonización además de Desarrollo Social.

El acto

Sobre la entrega de los decretos, el acto se hará en Misión Nueva Pompeya y con posterioridad el proceso de mensura de las superficies, pero Soneira detalló que “de la consulta pública surgió que se titularicen 100.000 hectáreas para cada una de las comunidades y cumplimentar así los derechos de reivindicación histórica de 300.000 hectáreas”.

“No hay antecedentes de esta magnitud de entrega de tierras a pueblos originarios, ni tampoco de todo el proceso de consulta previo a la titularización”, además de dar cuenta que se buscó “no volver a cometer el error del Interfluvio y el conflicto de las 150.000 hectáreas”.

“El proceso que se hizo ahora fue muy transparente, que creo es lo válido, además Colonización con sus equipos territoriales logró recorrer palmo a palmo y hacer el censo de los pobladores y las tierras para llegar a este acuerdo que pone a disposición 370.000 hectáreas, de las cuales 70.000 serán para familias criollas”, expresó.

Asociación Mowitob en contra del proceso

Representantes de las tres etnias indígenas que conforman la asociación Mowitob (moqoi, wichí y toba) hicieron conocer su disconformidad por la decisión del gobierno de fragmentar las tierras de la Reserva Grande y no cumplir con las disposiciones del año 2012 firmadas por el propio gobernador Jorge Capitanich en las que se otorgaba a la asociación la administración de las 306.000 hectáreas.

Acompañados por el asesor legal Cristian Aguirre, los referentes de la asociación Antonio Mocoví, Francisco Matorra, Sixto Codutti, Oscar Villalba, Epifanio Leiva, Nicanor Segundo y Juan Carlos Escubilla hicieron mención a que esas tierras pertenecen a las comunidades indígenas y que los criollos que están allí debían ser reubicados y que eso es algo que el gobierno debe realizar.

“Lo que se había definido en su oportunidad es parte de los derechos como pueblos originarios y una reparación histórica. Nuestra asociación nació en 2009 como parte de los acuerdos de los tres pueblos que eran requeridos por el gobierno para que exista una organización, por eso pedimos que el gobierno cumpla con lo que se dijo en su oportunidad”, dando cuenta de que en 2012 se debía entregar la administración de la reserva.

Sin fronteras

Asimismo expusieron que “lo que ahora se intenta hacer por parte del gobierno es violar la Constitución y los derechos indígenas porque no se puede fragmentar la tierra, los indígenas no tenemos fronteras y se debe cumplir con lo que es el territorio”.

Cargaron contra funcionarios del gobierno y en especial del Instituto de Colonización porque “se está defendiendo a los criollos, quienes se quieren quedar con las mejores tierras”. También mostraron su desacuerdo con la participación del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) y pusieron de relieve que de concretarse la fragmentación de las tierras como se anuncia, recurrirán a la justicia.

Por último dejaron claro que no tomaron parte de las últimas instancias de consulta pública que llevaron adelante desde el gobierno y recordaron que desde 2009 se habían realizado todas las instancias necesarias pero que ahora fueron dejadas de lado.



Fuente: Diario Norte