Investigadores y funcionarios presentaron ayer el informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado", que investiga el rol de las direcciones empresarias en el secuestro y desaparición de trabajadores y delegados sindicales, publicó Tiempo Argentino.

En un acto en la sede de Flacso, la presentación estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; Elizabeth Gómez Alcorta del Programa Verdad y Justicia y el director del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Eduardo Basualdo.

Allí anunciaron la publicación de los dos tomos de la investigación, que abordó la responsabilidad de un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura argentina.

"Este libro representa un nuevo conocimiento sobre el régimen dictatorial", señaló Basualdo, sobre la dimensión económica de la represión ilegal desatada por el régimen. En coincidencia, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, agregó "el derecho a la verdad se pone de relieve con este trabajo".

En total, se analizó el rol de 25 firmas en las que se pudo determinar el protagonismo en la represión a trabajadores y delegados sindicales. En total, se identificaron 900 víctimas, de las cuales 345 están desaparecidas y 65 fueron asesinadas.

El trabajo fue coordinado por la historiadora Victoria Basualdo, investigadora de Conicet y de Flacso, quien destacó, en diálogo con Télam, que el informe "permitió avanzar sobre algunos de los casos clásicos pero también incorporar nuevas aproximaciones de enorme valor, como el caso de La Fronterita y otros ingenios, en un momento en el que se están desarrollando juicios en torno al Operativo Independencia".

Entre esos casos, estuvo el ingenio Ledesma, de Carlos Pedro Blaquier, investigado desde hace años en la Justicia federal por su rol en la Noche del Apagón de la localidad de Ledesma, en Jujuy. Pero también casos menos conocidos como el ingenio Fronteritas, donde en dictadura se instaló un centro clandestino de detención.

El informe determinó que, además del Fronteritas, existieron otras 4 empresas donde funcionaron centros clandestinos de detención: Acindar, Ford, Astillero Río Santiago y La Veloz del Norte, el dueño de esta última se encuentra en pleno juicio oral por su participación en algunos de esos crímenes.

"Antes del golpe existía en este sector empresarial una enorme alarma por el nivel de poder obrero y por el nivel de movilización sindical, y también por la relación que esta clase obrera tenía con sectores de la militancia política y política-militar", describió Basualdo.

En coincidencia con esta presentación, el miércoles por la tarde, la presidenta Cristina Fernández firmó la promulgación de la Ley que creó la Comisión Bicameral que elaborará un informe sobre las empresas que participaron y fueron cómplices de los delitos de la dictadura.

La Comisión identificará los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.

Fuente: INFOnews