El funcionario de la Municipalidad de Resistencia explicó que “la Ley de Financiamiento Educativo fue sancionada en Diciembre de 2005, y tuvo como principal objetivo incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“En términos cuantitativos, se proponía elevar progresivamente la participación del Gasto Público Consolidado en Educación en el PIB, hasta alcanzar la meta del 6% en 2010, partiendo del 4.6% alcanzado en 2005”, dijo.

Objetivos sobrecumplidos.
El contador Novo explicó que “al margen de las consideraciones que se puedan hacer sobre el impacto que ha tenido la Ley en términos de mejoras en la calidad del sistema educativo, se debe decir que las metas cuantitativos en términos económicos fijadas en la LFE (Ley Federal de Educación) no sólo fueron alcanzados, sino sobrecumplidos, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación”.
Es que “en la Ley se determinaban los esfuerzos relativos que debían hacer ambos niveles de gobierno para alcanzar los aumentos progresivos en el Gasto Educativo, la Nación debía aportar el 40% de los recursos adicionales en forma anual, quedando el restante 60% en manos de los Gobiernos Subnacionales”.

Manejo discrecional.
Novo recordó que “Para este fin, se creó una afectación específica de recursos coparticipables a efectos de garantizar el financiamiento automático de la parte correspondiente a las provincias, evitando que la misma quede a merced de la discrecionalidad de las Administraciones Provinciales”.
“El artículo 7º de la LFE, fijaba un plazo de cinco años para dicha afectación de recursos (2006/2010), de modo que a partir del 31 de diciembre de 2010 (una vez alcanzada la meta del 6%), las provincias recuperaban la libre disponibilidad de dichos recursos, lo cual efectivamente ocurrió durante 2011”, agregó.

Una prórroga que afecta a provincias y municipios.
Más adelante, el secretario de Economía municipal dijo que “si bien en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2012 no estaba incluido, al momento de sancionar la Ley se introdujo un nuevo artículo a partir del cual la LFE recupera su vigencia a lo largo del ejercicio fiscal 2012, y es en este punto donde surge la problemática financiera para las Provincias y para los municipios, en particular, ya que ambos niveles de Gobierno elaboraron sus pautas presupuestarias anuales (tanto en términos de recursos como de gastos), sin contemplar esta afectación y detracción, respectivamente, en sus ingresos coparticipados”.

Casi $3 millones por día.
“En el Chaco, esta situación, ya generó reclamos del Foro de Intendentes de la Alianza Frente de Todos, ya que en definitiva, asigna fondos a las provincia con destino al servicio educativo, pero perjudica a las Municipalidades, las cuales no tienen la responsabilidad constitucional de sostener la educación, a pesar de que es de conocimiento publico, que estas –sobre todo las comunas del interior- permanentemente están disponiendo fondos de sus presupuesto para el sostenimiento del sistema educativo de la provincia”, consideró Novo.

“Se dispone entonces, a partir de la vigencia de la ley de Presupuesto Nacional del año 2012, detraer de la Coparticipación Federal de Impuestos y afectarlas en un fondo específico, a una suma diaria de $2.721.000, lo cual, como dijimos, perjudica a las comunas y no así de las arcas del gobierno provincial”, denunció.
“Esto, genera una reducción en los montos coparticipables de libre disponibilidad, dando lugar a una pérdida en la distribución terciaria entre los sesenta y nueve municipios chaqueños, del orden de los 9 millones de pesos, alcanzando en todo el año una detracción superior a los 100 millones para todas las comunas de la provincia”.

Fernando Novo consideró mas adelante que “Las casi seguras dificultades en la situación económico-financiera de las mismas, pueden llegar incluso a generar un potencial atraso en el pago de los salarios al personal y otras erogaciones corrientes, agravándose aun mas en aquellas localidades que carecen de una recaudación tributaria propia o que la misma alcanza escasa significación”.

La gravedad del caso es que, además, “este factor negativo para los recursos de los Municipios, no fue contemplado por la Administración Provincial, en ocasión de elaborar las pautas presupuestarias del ejercicio fiscal 2012, cuya previsión es la base de cálculo para los ingresos asignados por la jurisdicción provincial en favor de las Municipalidades, como tampoco fue advertido o informado en forma previa por quienes deberían haber alertado esta situación”.

Quién y cómo se compensa la pérdida de los Municipios.
Al concluir su evaluación de la situación, Fernando Novo dijo que “a la luz del comportamiento asumido últimamente por el Gobierno Nacional, la solución al desfinanciamiento municipal, se intuye, no vendrá por el lado del mismo, no sólo por el deterioro de su propia posición fiscal, sino porque en este caso no está detrayendo recursos subnacionales, sino reasignándolos entre Provincias y municipios”.
“Siguiendo este razonamiento, se puede considerar, que son los Gobiernos Provinciales los que deberán salir a respaldar y compensar a sus gobiernos locales, con independencia de las afinidades políticas existentes”.

Rechazó la posibilidad de incrementar los tributos como alternativa recomendable, “en primer lugar porque sería de carácter procíclico (aumento de impuestos en un año de menor nivel de actividad), y en segundo termino, porque las reformas deberían ser sustanciales, para que los volúmenes recaudatorios sean significativos”. Y finalizó diciendo que “las posibles soluciones locales deberían buscarse en una mayor cautela en las decisiones de gasto público, como así también en alternativas de financiamiento que compensen este bache económico”.