“Queremos que se mantenga hasta tanto no se dé solución definitiva al problema de alimentación, salud y agua de nuestro Pueblo .Si se levanta la medida cautelar vuelven a caer en situación de vulnerabilidad”, expresaron los dirigentes indigenistas.

Además presentaron un documento que se firmó al término de la reunión con Corregido. Estuvieron Egidio García, de Las Palmas, en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Chaco. También, en representación del Consejo de Participación Indígena (CPI) en los Departamentos Güemes y Maipú, Mario Fernández y Lorenzo Leonardo. Representando a la Asociación Mujeres Indígenas del Chaco, Roxana Temay y Bartolina Sisa. La agente del Ministerio de Salud Pública de la localidad de Tres Isletas, Natalia González; el dirigente de la comunidad QOM, Juan Carlos Sotelo; el miembro integrante del Comité contra la Tortura, Saúl Rodríguez, y la presidente de la Asociación Comunitaria del Barrio Toba y diputada provincial electa, Claudia González.

“Si bien se avanzó en los temas referidos, falta paliar la situación en la que se encuentran inmersas las comunidades. No se aplicaron prácticas de inserción laboral y agropecuaria porque no es voluntad de nuestra Pueblo vivir de planes sociales”, destacó Fernandez, del CPI.

“Los programas que se aplicaron son paliativos para que las familias se puedan recuperar. Las familias no pueden alimentarse con las cajas que le dan porque algunos alimentos le hacen mal. No es justo que se levante la medida cautelar”, agregó Temay.

Garcia, por su parte, solicitó que se amplíe la medida, ya que “sólo está focalizada en la llamada zona judicializada del Departamento Güemes”. “Dicen que la situación en las comunidades está todo bien pero no es así. No estamos contra este Gobierno provincial, estamos haciendo una advertencia nomás por si cae la medida cautelar”, agregó.

“Lo que aquí se dijo es la realidad que se vive en las comunidades y que también afecta a los criollos que viven en la zona. No es una cuestión partidaria pero el Gobierno debe reconocer que el programa de salud indígena no existe. No sabemos dónde está. Por ejemplo, en Fortín Belgrano no hay agua, hay problema de salud y se necesitan viviendas. No es momento de levantar la cautelar”, agregó González.

Finalmente, Rodríguez señaló que “aquí la única intención es tener el nexo de la información sobre el trabajo que está haciendo el gobernador y que se nos convoque para trabajar y solucionar juntos los problemas”.

Fuente: Diario Norte