Cinco ex paramilitares guatemaltecos fueron condenados a una pena de 7.710 años de prisión por la matanza de un pueblo indígena durante la

dictadura de Efraín Ríos Montt en 1982. El fallo fue decisión del Tribunal de Mayor riesgo A, a cargo de la jueza Jazmín Barrios.

Entre las pruebas, se tomó en

cuenta el testimonio de 28 personas que expusieron que las víctimas fueron quemadas vivas y que antes de matar a las mujeres, las violaron.

Cuatro de los

condenados eran colaboradores del ejército bajo la figura de "patrulleros civiles", en tanto el quinto era un "comisionado militar". Eusebio Grave, Julián y Mario

Acoj, y Santos Rosales, y el ex comisionado militar Lucas Tecú habíansido capturados en en agosto del año pasado.

El Ministerio Público (MP) logró probar ante

el tribunal que los cinco formaban parte de una unidad militar que el 18 de julio de 1982 ingresó a la comunidad de Plan de Sánchez y asesinó a al menos 256

habitantes, la mayoría mujeres y niños.

En los debates, el fiscal del caso, Orlando López, manifestó que los cinco acusados ayudaron, guiaron y dieron

información al ejército sobre la ubicación de la aldea y también participaron en la masacre.

En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al

Estado de Guatemala por esta matanza y le ordenó investigar y perseguir penalmente a los responsables.