El Parlamento chaqueño sancionó, por unanimidad de los diputados presentes, la ley Nº 7658, que modifica el Estatuto Docente (Nº 3529) y otorga el derecho a una licencia extraordinaria a aquellas docentes que se encuentren en situación de violencia. A a la vez, activa un mecanismo de contención para la víctima y su entorno familiar, a partir de erradicar la denuncia que le permitirá el otorgamiento de dicha licencia.

El diputado Daniel Trabalón, autor de la iniciativa 4481/14, que sufriera modificaciones durante la jornada de este miércoles, valoró el acompañamiento unánime de los 30 legisladores presentes e incluso las reformas planteadas, “que entendemos sirven para mejorar el proyecto y para buscar los consensos”. “Que sea unánime, que tenga respaldo de todos los bloques políticos y que el Poder Ejecutivo intervenga, hace que no sea una política de un bloque, de una organización o de un gobierno, sino que sea parte de una política de Estado. Creo que esa es la demanda más fuerte que nos movilizó a todos cuando participamos de la marcha del 3 de junio bajo la consigna Ni una Menos”, consignó el diputado del Frente Grande, terminada la sesión. Y manifestó: “Creemos que es un paso adelante, que se da hoy con los trabajadores docentes pero mañana esperamos avanzar hacia al resto de los trabajadores de los distintos Poderes del Estado”.

Dentro del recinto legislativo, la sanción fue celebrada por quienes acompañaron el tratamiento del proyecto, militantes del Movimiento Evita, La Cámpora, Acción por la Igualdad de Géneros, Utre CTERA, CTA, activistas feministas como Sofía Benítez, Magdalena Corvalán, Delia Pérez, Úrsula Sabarece, Frente Grande, Concertación Forja, Mujeres al Frente y UPCN, entre otros.

El apoyo legislativo

Luego que el legislador Trabalón presentara la iniciativa legislativa dentro del recinto, la cual ya contaba con un despacho favorable de la Comisión de Educación, le siguió en la palabra la diputada Elba Altamiranda, oportunidad en la que destacó la visibilización de la problemática a través de la iniciativa. “No es una cuestión menor, ni una casualidad, que hoy se discuta y se haga visible lo que ocurre en el sistema educativo; que una maestra se ausente porque es víctima de violencia”, señaló a la vez que agradeció a las legisladoras del bloque oficialista, Betina Vásquez y Amelia Monzón, por agregar las modificaciones a los artículos 30 y 31 del Estatuto, para que se atienda también el traslado de la docente en situación de violencia de género.

Posteriormente, el jefe de la bancada justicialista, Ricardo Sánchez hizo hincapié en la necesidad que la licencia por violencia de género no se reduzca sólo a las trabajadoras de la educación, “sino a todos los trabajadores estatales”. “Bienvenido sea que esto hoy pueda por ley implementarse a través del Estatuto Docente; queda la tarea de llevarlo adelante para el resto de los trabajadores”, afirmó y concluyó que a partir de la marcha Ni una Menos, “quedó claro el compromiso de ir avanzando en legislaciones que protejan a la mujer”.

Carlos Martínez, de Libres del Sur, apeló en principio a que se mantenga la redacción original del proyecto ingresado, en alusión al artículo 7; y dicho esto expresó su satisfacción por “asistir a una ampliación de derechos”. “Es un llamado de atención a los otros Poderes del Estado respecto a las obligaciones internacionales que tenemos hace muchos años y a la que tenemos de cara a la sociedad a partir del 3 de junio”, dijo y mencionó, por ejemplo, cuestiones que le caben al Poder Judicial en esa materia.

La legisladora, Mariel Gersel, titular de la Comisión de Educación, también hizo suso de la palabra y refirió a la Ley 26485, de protección integral de la mujer en situación de violencia, “que establece en el artículo 26 referido a medidas preventivas urgentes en uno de sus incisos ‘ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer’”. “Este derecho que hoy sancionamos va en ese sentido, con esta licencia extraordinaria instrumentamos una herramienta más para que aquella víctima de violencia que no quiera permanecer en su domicilio, más allá de las garantías que prevé la ley 26485, pueda acceder a esta licencia”, concluyó.

Las voz de las organizaciones

Lucía Soria, militante de Género en Utre CTERA y la CTA, y responsable en alguna medida que se replique en Chaco una iniciativa que tuvo sus antecedentes en Chubut y en Santa Fe, celebró la sanción como “un triunfo”, “después la pelearemos cuando tengamos que hacer la parte de la reglamentación”, añadió. Y en el mismo sentido de lo planteado dentro del recinto, se expresó sobre la urgencia de “pedir para todas las mujeres. Esta fue una punta del hilo, en Educación, ahora tenemos que ir por las compañeras de los otros sindicatos, de todos los entes de la provincia para que también puedan tener esta ley”. “Hoy tenemos juicios en la provincia de dos compañeras muertas. Pero hay otras más como una compañera nuestra, secretaria de nuestro sindicato, que fue expulsada prácticamente de su casa en Villa Ángela, y se murió sin tener esto. En honor a ellas, esta lucha”, expresó la referente.

Por último, de Acción por la Igualdad de Géneros, Valeria Romero argumentó que la ley sancionada “pone sobre el tapete discusiones que se dan sobre esta cuestión, que no están saldadas en la sociedad. Creerle a la víctima es una cuestión muy importante a trabajar”, dijo Romero y añadió en el mismo sentido la necesidad de trabajar también sobre el lenguaje que debe ocuparse en este tipo de situaciones. Lamentó además, que sobre el final se haya modificado la cuestión de la “inmediatez” que planteaba el proyecto original en cuanto al traslado. “Esperamos que en la reglamentación se establezcan los mecanismos necesarios para que efectivamente no haya demora. De fondo, lo que importa no es tanto el texto de una ley sino la efectiva aplicación”, aseguró.


Fuente: Chaco Día por Día