“La iniciativa de implementación del juicio por jurados, propuesta por el Poder Ejecutivo provincial y debatida con la participación de los actores del sistema, merece el debate final y su sanción para que rija en el ámbito legislativo a efectos de cumplir con una manda constitucional vigente desde hace 160 años”, señaló el gobernador Jorge Capitanich al clausurar, este lunes, en la Casa de las Culturas las jornadas que la Cámara de Diputados organizó para promover de difusión y el debate del proyecto de ley que lo instituye.

El mensaje del gobernador expresó las conclusiones a las que arribaron diversos actores institucionales de la provincia a través de las Jornadas de Difusión y Debate del Juicio por Jurados, que se realizaron en General San Martin, Villa Ángela, Charata, Presidencia Roque Sáenz Peña y Juan José Castelli, en virtud de la presentación del respectivo proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo y con la organización de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados.

La clausura de las jornadas contó con la participación del ministro de Gobierno Javier Oteo, la ministra del Superior Tribunal de Justicia Iride Grillo, el procurador General Jorge Canteros, el adjunto Miguel Fonteina, la secretaria general de la Gobernación Cecilia Baroni, la subsecretaria del Área Legal y Técnica Analía Rach, intendentes, autoridades del Consejo y del Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.

En representación de la Cámara de Diputados asistieron al encuentro el presidente de la Comisión de Legislación General, Martin Nievas; los presidentes de los bloques del PJ, Ricardo Sánchez, y de la UCR, Carim Peche; y los legisladores María Lidia Cáceres, Elda Pértile, Mariel Gerzel, Beatriz Bogado, Celeste Segovia, Mariana Salom, Irene Dumrauf y Carlos Martínez.

En el acto, el gobernador recordó el contexto en el cual se promovió la iniciativa y los fundamentos que recomiendan su sanción. Entre los más importantes, señaló la mora de 160 años en la implementación de una determinación adoptada por los constituyentes de 1853 y ratificada por los de 1994.

El proyecto de juicio por jurados fue promovido en el ejercicio de un rol protagónico por parte del Poder Ejecutivo provincial en el proceso de formación de las leyes y el papel relevante que la Cámara de Diputados asumió al promover los mecanismos de consenso y observación por parte de los diversos sectores de la sociedad.

Capitanich explicó que el proyecto se inscribe en el fortalecimiento del sistema acusatorio, en el cual se inscriben la reforma del Código Procesal Penal -parte del progreso legislativo que también incluyó la sanción en el Congreso de la Nación del nuevo Código Civil y Comercial unificado-, y fue concebido a la luz de las experiencias de funcionamiento de la institución en provincias como Córdoba y Buenos Aires, con las innovaciones que surgieron a lo largo de las jornadas desarrolladas en todo el territorio provincial.

La propuesta cuenta con el respaldo de instituciones como la Asociación de Juicio por Jurados y la Asociación Pensamiento Penal, además del Consejo y el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, cuyos directivos e integrantes participaron activamente del proceso de difusión y debate. “Como sucede con toda iniciativa, no existe el consenso pleno”, observó el gobernador, quien destacó la transformación que implica en el rol del Estado en cuanto a la solidez de los mecanismos que garantizan calidad institucional.

Acciones del gobierno para el fortalecimiento de la Democracia
El gobernador manifestó su reconocimiento a los miembros de la Cámara de Diputados, que independientemente de coincidir o no con las iniciativas del Poder Ejecutivo participaron del debate para la fijación de sus posiciones.

Así, este gobierno logró la restitución de la acción de amparo; la puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; la garantía de independencia en el Superior Tribunal que implica la designación de sus miembros previo concurso público de antecedentes y oposición; la sanción del juicio de responsabilidad para garantizar los actos de gobierno con la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y el concurso para la designación de los cargos constitucionales. Queda pendiente, señaló el mandatario provincial, la iniciativa de limitación de los mandatos quienes representan la voluntad popular desde cargos legislativos y ejecutivos.

El juicio por jurados que se promueve en el Chaco presenta innovaciones jurídicas, como la participación de las comunidades originarias a través de sus tres etnias -en forma total o en la mitad de los miembros cuando la víctima pertenece a una de ellas o también el acusado-.

El proyecto propicia el acercamiento del pueblo a la Justicia, y como tal “es un símbolo de la democracia representativa”, destacó Capitanich, porque “termina de integrar a la sociedad al sistema judicial”, además de propender a un ejercicio responsable de la ciudadanía y la legitimación de las resoluciones judiciales a los casos más graves del sistema penal.

La Cámara de Diputados destacó el consenso encontrado
El presidente de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados, Martin Nievas, repasó las características del jurado chaqueño, que será integrado por doce miembros, con representación equitativa de géneros, y que recepta las inquietudes expresadas por la presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) en cuanto a la participación de las comunidades originarias.

El legislador destacó “el debate amplio, plural, democrático y general” que promovió este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial, y recordó que si bien las primeras reacciones fueron dubitativas, la mayoría manifestó un genuino interés en participar y concluir con 160 años que nos separan de la voluntad de los constituyentes que consagraron la institución del juicio por jurados.

“No hay que tener temor a la participación democrática y popular”, dijo Nievas, quien afirmó que con la posibilidad de ser juzgados por otros ciudadanos cuando se cometen los graves delitos mencionados en el proyecto de ley se estaría haciendo realidad el apotegma jurídico de acuerdo con el cual la Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo.

“Confiemos en el pueblo que seguramente lo va a hacer”, exhortó el diputado provincial.


Fuente: Dirección de Prensa y Difusión