Carina Gómez tiene 37 años y, aunque se separó de su pareja en 2006 por la violencia que ejercía contra ella y sus hijos, todavía vive las consecuencias de haber tomado esa decisión. Por animarse a denunciar un caso que llegó hasta el abuso de uno de sus hijos, no sólo sufrió las represalias de su ex y de su familia sino que también se convirtió en víctima de otro tipo de violencia: la institucional. Tras años de recorrer juzgados, la mujer está a punto de ser desalojada de la casa que compró con su ex pareja en el barrio La Paloma de El Talar, partido de Tigre, y de quedarse en la calle con sus cuatro hijos, dos de los cuales padecen retrasos madurativos.

¿El motivo? Una demanda de sus ex suegros, quienes en su momento sacaron un crédito a su nombre para que Carina y su ex compraran la vivienda. Aunque pateó dependencias municipales y provinciales, la mujer todavía no obtuvo contención ni asistencia para encontrar un lugar donde vivir en estos días en los que el desalojo parece inminente.

Ante su desesperada búsqueda de justicia, Carina decidió contar su historia a El Argentino Zona Norte. “Yo trabajaba en negro en la fábrica de adhesivos de mis ex suegros. En el año 2000, con nuestro primer hijo recién nacido, conseguimos comprar esta casita gracias a un crédito que sacaron mis ex suegros, porque nosotros sin recibo de sueldo no podíamos. Pero lo pagamos nosotros, incluso ellos firmaron una declaración jurada en la que decían que una vez que se terminaba de pagar pasaban la propiedad a nuestro nombre”, relata Carina.

Por entonces, la violencia comenzó a instalarse en su familia: “Alejandro (su pareja) golpeaba a mis hijos y me golpeaba la panza cuando estaba embarazada de nuestro segundo hijo, esa fue la primera vez que me fui de casa”, cuenta. El hijo mayor de Carina, que hoy tiene 18 años, no es hijo de Alejandro sino de una pareja anterior y fue quien más sufrió la violencia del agresor. “Llegó a tirarlo al piso a golpes, donde lo seguía pateando”, señala la mujer, que volvió a formar pareja y tiene una nena de siete años fruto de esta relación.

Los dos nenes que tuvo con Alejandro tienen retrasos madurativos. El primero de ellos, que actualmente tiene 15 años, empezó a tener problemas en el jardín e inmediatamente enviaron a su casa una asistente social y una psicóloga para saber qué estaba pasando con el niño. “Cuando supieron la violencia a la que estábamos sometidos, me pusieron un ultimátum: o me separaba o me iban a denunciar para quitarme a los chicos. Yo elegí a mis hijos”, plantea.

Carina fue asistida por el Colegio de Abogados de San Isidro, donde finalmente el padre de los chicos aceptó una conciliación y admitió que ejercía violencia sobre los niños. Durante un tiempo tuvo restricción perimetral, pero luego el hombre pudo acceder a los regímenes de visita. Carina no supo, entonces, que se venía lo peor: en unas vacaciones de los niños con su padre, sus tíos y abuelos, el más grande de los nenes fue abusado por uno de sus tíos. Tras varias idas y vueltas, y sin que el chico fuera analizado en Cámara Gesell, la causa por abuso finalmente fue archivada.

Después vino la demanda contra Carina por usurpación. En el medio, misteriosamente, seis delincuentes ingresaron armados a su casa, encerraron a la mujer y a sus hijos en el baño y entre las pertenencias que se llevaron estaban nada menos que la escritura de la vivienda y los comprobantes de pago del crédito que habían efectuado la mujer y su ex pareja. A casi una década del inicio de una historia de violencia de género, Carina sigue luchando para evitar quedar en la calle con sus hijos. Y por eso da a conocer su reclamo.




Fuente: Infonews