El director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dijo que no fue el actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, cuando era minisitro de Economía, quien pidió la quiebra de Ciccone Calcográfica, sino el organismo recaudador, como consecuencia del imcumplimiento de intimaciónes de pago.

Durante una conferencia de prensa que ofreció esta tarde en la sede de la AFIP, el funcionario señaló que Boudou tampoco pidió a la Justicia el levantamiento de la quiebra, decisión que tomó el juez federal Javier Cosentino, según señaló, a pedido de la propia Ciccone Calcográfica. "No ha sido el ministro de Economía de aquel entonces quien ha solicitado el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica", insistió el funcionario, que insistió varias veces en remarcar que la misión de la AFIP es cobrar y recaudar.

"(Boudou) no intervino ni en el pedido de la quiebra ni en el levantamiento, por la simple y sencilla razón de que no tiene facultades para ello. Es un resorte exclusivo del Poder Judicial", apuntó.

Echegaray informó que, una vez que el juez Cosentino le concedió el levantamiento de la quiebra, Ciccone Calcográfica solicitó a la AFIP un plan de pagos y afirmó que el organismo recaudador accedió a esa solicitud conforme al artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario (lo leyó).

"Este pedido (de plan de pago) es posterior al levantamiento de la quiebra y es consecuencia de los compromisos que asumió cuando pidió el levantamiento de la quiebra", dijo Echegaray.

Echegaray cuestionó también a los medios de comunicación que involucran a Boudou en una supuesta trama de corrupción y les pidió un "tratamiento profesional técnico claro de cómo son las cosas, más allá de cómo es la visión que uno tenga".

Echegaray reconoció que la AFIP si consultó al entonces ministro de Economía Boudou. "El ministro de Economía de aquel entonces no tomó una intervención de oficio sobre la situación de la deuda de Ciccone Calcográfica, sino que pidió un dictamen jurídico al Ministerio de Economía", aseveró.

Mediante ese dictamen, según Echegaray, Boudou instruyó a la AFIP a actuar conforme a la estrategia del Gobierno nacional de preservar las fuentes de trabajo. "Hicimos una consulta al Ministerio (de Economía) porque el contribuyente (Ciccone) pedía más que lo que la ley nos habilitaba. Entonces, se elaboró una propuesta con la que el ministro contestó, pero no pidió. Hay una diferencia entre contestar y pedir. Ahora, pedir que se mantenga la continuidad de la actividad económica de las empresas forma parte de la estrategia del gobierno", dijo.

Explicó que el plan de pagos se dispuso debido a que la empresa estaba concursada y sin que eso haya significado una mengua del interés fiscal. "Esto hay que compatibilizarlo con la función de recaudación de la AFIP. Nosotros tenemos que cobrar y tenemos herramientas que son las que nos la ley. Así como tenemos la facultad de pedir una quiebra a una empresa, también tenemos mecanismos para que la empresa pueda pagar", explicó.

Luego cuestionó una decisión del juez Cosentino: la de transferir, según dijo, las máquinas impresoras de Ciccone a la firma Boldt, sin el consentimiento de la AFIP. "Era difícil darle a un contribuyente como Ciccone un plan de pago sin que contara con equipamiento para poder continuar con sus tareas", dijo. Y agregó: "más allá de todo lo que se ha venido diciendo en estos días, el escrito da cuenta de que Boldt como contribuyente era una firma que estaba siendo investigada por la AFIP por evasión de impuestos, que tenía situación sumamenete difícil", aseveró.

Al respecto, Echegaray dijo que Boldt solicitó un plan de pagos de modo que la AFIP pudiera cumplir con su objetivo de recaudar. "Pero nos engañaban, y no a nosotros, sino a todos los argentinos. Emitía facturas apócrifas y tenía sellos falsos de la AFIP. Por un caso similar denunciamos al Banco Columbia, que tuvo que pagar $ 60 millones", dijo. "Boldt estaba utilizando las máquinas que un juez le había dado en alquiler. Habían desplegado una serie de actividades que están en la ley penal tributaria. Habían evadido.

Esa es la firma Boldt. Nosotros le dijimos (al juez Cosentino) que le devolviera las máquinas al concursado (Ciccone). Usted les dio las máquinas a una empresa que no sólo no quiere pagar, sino que además engaña a todos los argentinos", enfatizó Echegaray. También informó que desde 2009 la AFIP pidió 496 solicitudes de quiebras a empresas en procesos concursales, de las cuales 351 contribuyentes concursados o fallidos se acogieron a los beneficios de planes de pago a los efectos de cancelar su deuda. Y dijo que esta facultad de la AFIP para conceder planes de pago data de 1998.

"En este proceso, que no veníamos cobrando nada (de Ciccone), comenzamos a cobrar. Logramos que un contribuyente concursado, al que le pedimos la quiebra y no iba a pagar, comenzara a pagar", enfatizó.

Trascartón, apuntó directamente contra La Nación y Clarín. "El diario La Nación publicaba a fin de año una situación de la deuda que tiene con la AFIP desde 2003, por lo que entendemos una apropiación indebida de contibuciones patronales computadas como Impuesto al Valor Agregado (IVA) por $ 168 millones. Nuestra estrategia es lograr que el medio se convenza de que debe pagar sus impuestos", aseveró.

De Clarín dijo que "había llegado a incorporar más de $ 100 millones en deuda". "Ciccone lo que hace es ponerse al día. Está claro que el abordaje mediático dista mucho del poder conocer el abordaje técnico", planteó.

Luego, en el turno de preguntas, aclaró que a Ciccone no se le concedió una quita de deduda, sino un plan de pagos, "en ciento y pico de cuotas, que está vigente".

"No soy la persona que hace la mejor lectura política... Lo que sí no nos cabe ninguna duda es de que el cariz que ha tomado es perjudicial para la comunicación. Los funcionarios del Estado sabemos que nuestras conductas... tenemos responsabilidades distintas, que nos llevan a tener que dar este tipo de explicaciones ante los medios y la Justicia. Esta no es la primera ni la ultima causa judicial que la AFIP toma intervención. Siempre hay alguna intencionalidad política en el dinamismo que toman algunas denuncias", concluyó el funcionario.