El juez federal Claudio Bonadío resolvió ayer, sorpresivamente, prohibir la salida del país al secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi; a su segundo, el sindicalista Antonio Luna; a los dueños de la empresa TBA, Claudio y Roque Cirigliano, y al titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT, Eduardo Sícaro. Todos están formalmente siendo investigados por sus eventuales responsabilidades en la tragedia de Once, que causó 51 muertos y más de 700 heridos el 22 de febrero pasado. Fuentes vinculadas a la investigación deslizaron que “la lista podría no estar completa”.

En el marco de una causa compleja como esta, la prohibición de salida del país sólo apunta a que sobre quienes pesa la medida estén disponibles para cuando la justicia los requiera. Difícilmente un juez le prohíba salir del país a un testigo; esas decisiones siempre afectan a imputados, actuales o futuros. Tal y como están planteadas las cosas, Schiavi es, de momento, el funcionario de más alta jerarquía que por ahora aparece relacionado con la investigación.