El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, mantuvo ayer una reunión con el juez federal Sebastián Casanello y con el fiscal Ramiro González para desclasificar las declaraciones juradas de los ex directores de la SIDE, encabezados por Antonio Horacio Stiuso, que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito, consignó Tiempo Argentino.

El trámite realizado en el despacho del magistrado, en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, ocurrió 48 horas después de que Casanello decidiera dar curso a 30 medidas de pruebas solicitadas por González para determinar si a través de 85 empresas existió desvió de fondos que pudieron haber constituido también lavado de dinero. En paralelo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral convocó al subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, para que ratifique su denuncia contra Stiuso por haber ocultado información relativa a la investigación sobre el atentado a la AMIA.

Una vez que Casanello ordenó informes financieros, bancarios y a los organismos públicos, de acuerdo al protocolo de investigación para casos de enriquecimiento ilícito, recibió la documentación desclasificada de las declaraciones juradas de Stiuso y de los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, entre otros. En total, están imputadas por González unas 55 personas y se investiga la situación patrimonial de 85 empresas, algunas de las cuales podrían ser "pantallas" para blanquear dinero, tal como fue denunciado por el legislador porteño Gustavo Vera, líder de la ONG, La Alameda. A

demás de la denuncia hubo dos ampliaciones en las que se detallaron vínculos societarios de los ex espías cuyo eje es la firma American Tape, creada por el propio Stiuso en la década del 90. Pero los negocios, algunos en el exterior también, se diversifican en otras ramas que incluyen empresas agropecuarias y dedicadas a la construcción. Ninguna de ellas estaba, en principio, alcanzada por las funciones habilitadas en la Secretaría para dotar de "cobertura" a operaciones secretas de inteligencia.

El trámite ordenado por Casanello incluyó la entrega de Parrilli de las declaraciones juradas presentadas desde 2003 hasta diciembre último, momento en que fueron desplazados de la Secretaría. Cada uno de esos documentos desclasificados por orden del gobierno nacional fueron fotocopiados y las copias, almacenadas en la caja fuerte del juzgado, bajo un fuerte hermetismo que incluye reserva de su contenido incluso en los propios empleados judiciales.

Se cotejarán esas declaraciones juradas ya que como funcionarios públicos –los ex integrantes de la SI– estaban obligados a declarar participaciones accionarias y bienes, además de su patrimonio, lo que podría o no coincidir con las empresas y el flujo financiero denunciado por Vera. Las medidas solicitadas por el fiscal y el juez se completarán con una pericia contable, que por lo voluminoso de la información, podría demorar varios meses.

Por su parte, Canicoba Corral convocó a Mena, para el jueves 16 con el objeto de ratificar la denuncia por violación de los deberes de funcionario público contra Stiuso y aportar la documentación vinculada con el ocultamiento de un entrecruzamiento telefónico solicitado desde 2005 por el fiscal Alberto Nisman. Será el paso previo a que corra vista al fiscal Juan Pedro Zoni para determinar si se impulsa la tercera causa penal contra el ex Nº3 de la SI.

Fuente: INFOnews