La procuradora Angelina Abbona sostiene que la presentación del fiscal "es un entramado ficcional" y una "extraña interpretación" de algunos hechos reales y otros inexistentes. El escrito será presentado al juez Rafecas, que analiza la denuncia de Nisman.

La Procuración del Tesoro de la Nación, en representación jurídica del Estado, presentará hoy ante el Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas "un escrito de carácter institucional" en el que aportará prueba documental en el expediente que se abrió por la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios y dirigentes oficialistas que interpuso el fallecido fiscal especial de la Causa AMIA, Alberto Nisman, el 14 de enero pasado. En el documento se pretende rebatir cada uno de los puntos de la acusación que realizó el fiscal, quien sindicó al gobierno un presunto plan criminal para "blindar de impunidad" a los iraníes acusados de la voladura de la mutual judía en 1994. Para los letrados de la Procuración, la denuncia de Nisman es un "entramado ficcional" y una "extraña interpretación". "No aporta ninguna prueba objetiva, ni siquiera indiciaria de la existencia del hipotético acuerdo secreto", indican, según publicó Tiempo Argentino.

En el escrito, que se puede leer en la página web de la Procuración del Tesoro, se afirma que "no existe prueba alguna, siquiera de carácter 'indiciario', que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno Nacional, susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales" que adjudicó Nisman. Se destacan informes producidos o remitidos por Cancillería, el Ministerio de Planificación Federal, la cartera de Economía, la Secretaría de Inteligencia y la AFIP, así como notificaciones de Interpol.

En las primeras páginas, la presentación –que lleva la firma de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament– se repasa la acusación que presentó el fiscal especial de la causa AMIA cuatro días antes de su muerte: "Destaca la denuncia que la búsqueda de la cancelación de las denominadas notificaciones rojas de Interpol que involucra a cinco imputados iraníes, constituyó el eje central del plan delictivo." El Memorándum de Entendimiento con Irán sería el medio "más visible" para perpetrar el supuesto plan criminal, por eso, para los abogados del Estado, el trabajo de Nisman se centra especialmente sobre este elemento.

El trabajo aborda centralmente, entonces, el Memorándum. Para los letrados, ni la suscripción del acuerdo, "ni los actos preparatorios o posteriormente ratificatorios de aquél pueden configurar ilícitos de orden penal". Tampoco "reflejaría bajo ningún punto de vista que haya existido intencionalidad, y menos aún acto alguno que implique el principio de ejecución de un obrar delictivo, orientado a la supuesta desincriminación de los ciudadanos iraníes alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol", afirman.

Según los abogados, la "letra expresa" del Memorándum "controvierte la existencia de la maquinación criminal que indica la denuncia, la que se basa en la construcción de una hipótesis que prescinde infundada y arbitrariamente del texto del citado acuerdo, para otorgarle –a partir de conjeturas construidas sin base seria alguna– un sentido diferente del que surge de la literalidad de lo firmado por los Cancilleres de ambos países".

Otro punto de la presentación menciona "las gestiones del Poder Ejecutivo Nacional en el orden local e internacional en relación con la Causa 'AMIA'". Allí se citan diversas medidas –a través de decretos– que tomó el gobierno nacional "con el fin de prestar la máxima colaboración con la tarea jurisdiccional" a nivel local. Se recuerda que en el orden de la política exterior, el Ejecutivo "reclamó ininterrumpidamente la cooperación internacional para llegar a la verdad en la investigación del atentado contra la AMIA". Sobre todo, hacen referencia a las ponencias de la presidenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A lo largo de las 67 páginas del escrito –en el que se menciona solamente a la presidenta y al canciller Héctor Timerman porque la Procuración del Tesoro sólo representa al Estado–, se apunta a "la ineficacia de los medios intentados para la cooperación internacional". Los abogados mencionan "alrededor de veinte pedidos de asistencia jurídica a las autoridades iraníes, según consta en la causa", que desembocaron en la nada misma. Los letrados relatan que el gobierno solicitó pasaportes, cuentas bancarias, listados de llamados de determinados abonados y hasta la detención preventiva de las personas que poseen pedidos de captura vigentes. "En respuesta, la República Islámica de Irán, además de efectuar extensas críticas y desacreditar fuertemente a la investigación, indicó que al no existir acuerdo de cooperación en asuntos judiciales, ninguno de los dos países estaba obligado a tramitar esos requerimientos". Así, dan a entender que el Memorándum era una posible salida al laberinto en el que se encontraba el expediente sobre el acto terrorista.

Otros de los documentos de los que se nutre la presentación son informes de carácter técnico producidos por los Ministerios de Planificación Federal, la cartera de Economía y la AFIP. En tal sentido, se cita al Ministerio de Planificación Federal cuando señaló que "no existió la situación de crisis o emergencia energética que, supuestamente, habría llevado a las autoridades argentinas a privilegiar el restablecimiento de relaciones" con Irán "para obtener la provisión de petróleo de aquel origen. Pero además, el informe del Ministro del área da cuenta de que existían razones técnicas en virtud de las cuales la República Argentina no podría comprar petróleo iraní, pues la calidad del crudo de ese origen no es la exigida por las refinerías locales". Para evidenciar el móvil Nisman había señalado un supuesto "intercambio de granos de producción argentina, por petróleo iraní". Con respecto a la exportación de grano se explica desde la cartera económica "que el comercio bilateral está a cargo de operadores privados, y no de los Estados involucrados".

"En lugar de presumir lo que parece más obvio al entendimiento, es decir que ciertas personas (N. de la R. en referencia a Jorge Khalil y Luis D'Elía) que operaron invocando los intereses iraníes habrían efectuado para sí una determinada interpretación de las finalidades perseguidas con el acuerdo –distinta de la sostenida por los funcionarios del Gobierno argentino–, el Fiscal Nisman optó por atribuirles a estos últimos una intencionalidad delictiva al suponer que obraron guiados por objetivos acordes a los que supuestamente desearon obtener los mencionados en primer término." A partir de allí, aseguran, el fiscal "construye un entramado ficcional, que reposa en una premisa inicial, la cancelación de las notificaciones rojas para la consumación del plan de impunidad, que se ve desvirtuada con la mera lectura del propio Memorándum de Entendimiento y de las misivas intercambiadas con Interpol por el Ministro de Relaciones exteriores y Culto del Gobierno argentino".

También se citan diversas notas de Interpol, como la del consejero jurídico del organismo internacional, Joel Sellier, quien en representación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol expresó que el acuerdo "no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA".

Para los abogados, el "designio interpretativo (de Nisman) colisiona en forma expresa con elementos de prueba objetivos" de la causa. «

El "círculo rojo", detrás de un plan de conmoción
- Martín Piqué

El gobierno se prepara para un viernes con novedades en Comodoro Py, una jornada que podría ser clave para las tapas de los diarios del fin de semana. En la tradición de los hechos político judiciales de alto impacto, los viernes son días clave para difundir presentaciones o denuncias resonantes.

Ayer, mientras en las redes sociales se deslizaba que el fiscal Gerardo Pollicita imputaría hoy a la presidenta por el encubrimiento planteado por Alberto Nisman, se supo que la Procuración General del Tesoro –PGT, ejerce la defensa del Estado– presentará un escrito de 68 páginas ante el juez Daniel Rafecas, aportando elementos probatorios y antecedentes documentales significativos para la resolución del caso.

Ese escrito ya está disponible en el sitio web del organismo. "La investidura de la presidenta está afectada por una denuncia carente de todo sustento, en el marco de un escenario en el que se intenta provocar conmoción tras la muerte de Nisman", aseguró a Tiempo el senador Marcelo Fuentes (FPV).

La sospecha en el oficialismo es que una eventual imputación de Pollicita sin solicitar previamente alguna medida probatoria, o una diligencia procesal, respondería, en caso de concretarse, a un evidente intento por alimentar la convocatoria a la marcha del silencio del 18F.

Un paso en esa estrategia, por caso, sería que Pollicita solicite medidas probatorias e impute a la jefa de Estado y al resto de los mencionados en la denuncia. Más allá de lo que suceda con el fiscal, la PGT ya difundió el contenido de la presentación, que, señala, "aportará elementos jurídicamente relevantes para arrojar luz sobre los hechos sobre los que versa la denuncia formulada el 14 de enero".

Anoche, el ministro Agustín Rossi vinculó las últimas novedades del caso con el "círculo rojo" del que habló Mauricio Macri hace dos años. "Buscan desprestigiar a nuestra presidenta y al gobierno; que todo esto tenga un efecto electoral. Hay que separar la paja del trigo: salvo los familiares, quien está más interesado en que se sepa la totalidad de las circunstancias que rodearon a la muerte de Nisman es el propio gobierno. Y al círculo rojo, esa constelación de políticos opositores, medios opositores y empresarios, les decimos dos cosas: que no tenemos miedo y que los esperamos en las elecciones", subrayó Rossi en diálogo con este diario.


¿Qué es la Procuración del Tesoro de la Nación?

La Procuración del Tesoro de la Nación depende del presidente. Entre sus funciones está la de brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo y organismos dependientes, representar al Estado en juicios y dirigir a su cuerpo de abogados.

"Una doble estrategia judicial"
- Gabriel Morini

El gobierno decidió ayer adelantarse a un posible requerimiento fiscal en la causa por la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández que interpuso el fallecido fiscal Alberto Nisman. La extensa presentación que la Procuración del Tesoro formalizará hoy ante el juez Daniel Rafecas apunta a rebatir cada uno de los puntos centrales de la acusación en lo que respecta a las imputaciones realizadas por un presunto plan criminal para desvincular de la causa AMIA a los acusados iraníes.

La intención del gobierno es doble: por un lado, introducir prueba documental antes de que haya un pedido de la justicia; y por otro, mostrar que, dado que Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman fueron acusados de delitos en el marco de sus funciones, es pertinente plantear una defensa encabezada por los abogados del Estado. La estrategia se efectivizará a horas de que el fiscal a cargo de la denuncia, Gerardo Pollicita, decida el impulso de la acción penal y, posiblemente, disponga imputaciones contra algunos de los señalados en el escrito de Nisman interpuesto el 14 de enero pasado.

Los ejes centrales de los argumentos de la Procuración del Tesoro coinciden con los puntos en los cuales Nisman basó su acusación y se dirigen a neutralizar, a través de "un escrito de carácter institucional aportando los elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes", la denuncia en los ítems referidos a la intención de generar la caída de las alertas rojas a cambio de un incremento del comercio basado en el intercambio de petróleo por granos. También refutan, como ya fuera advertido en ocasión de la desclasificación de información, que ninguno de los dos "espías" señalados por el fiscal como nexo para una diplomacia "paralela" revistan en la estructura de la Secretaría de Inteligencia. El anexo probatorio contiene documentación vinculada con disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, contestaciones diplomáticas de Teherán, además de comunicados de Interpol que se suman a otros elementos oficiales que, incluso, fueron adoptados en el marco de la denuncia, pero en un sentido acusatorio. La Procuración avanzará así en la primera intervención formal en el expediente que equivale a una declaración de carácter espontánea.

Rafecas deberá ahora valorar estos elementos para consignar cuál es su peso jurídico en relación con la denuncia y al pedido de indagatoria solicitado por Nisman, además de lo que pueda disponer para impulsar la acción el propio Pollicita.

Fuente: Infonews