presentado para justificar el incremento del boleto.


“Estamos próximos a presentar un planteo pidiendo la nulidad de la audiencia pública realizada en el mes de enero”, anunció el Ombudsman provincial, en declaraciones a FM Libertad. Advirtió, además, que la propia fecha elegida –el 15 de enero- “fue rebuscada, para asegurarse la menor participación posible de la gente”. Sin embargo, reconoció que, a pesar de eso, “el repudio fue masivo”, y destacó la presentación de una nota con más de 10 mil firmas recolectadas por el concejal radical de Resistencia, Alejandro Aradas.


Corregido señaló que la Defensoría del Pueblo analizó con especialistas el estudio de costos presentado durante la audiencia pública y reveló que “no tuvimos que recurrir a la letra chica o a los detalles porque hubo una omisión muy grosera que tiene que ver con la falta de información para los que participamos de la audiencia pública”. En ese sentido, precisó que el reclamo tiene que ver con “no habernos brindado la documentación respaldatoria del estudio de costos”.


El Ombudsman puntualizó que “para hablar de la composición de la tarifa, tenemos que tomar todos los elementos que son un gasto. Por ejemplo, las cubiertas, el combustible. Pero cuando la provincia hace el estudio de costos pone que las cubiertas valen equis cantidad de pesos. Nosotros, para poder controlar que el estudio se hizo de manera correcta, tenemos que saber de dónde sacó el valor de las cubiertas, o a qué valor tomó el litro de gasoil. Si la provincia no nos da esos costos, nosotros no podemos controlar. Y si no podemos controlar, la audiencia carece de sentido”.


“Pasa lo que pasa porque ni la provincia ni el Municipio de Resistencia controlan la calidad del servicio: cuántos pasajeros son transportados, las frecuencias, si están limpios, si tienen rampas para discapacitados como exige la ley. Por eso es muy difícil para los usuarios del transporte público de pasajeros revertir esta situación porque el rol que tiene el Estado provincial y municipal no es cumplido”, reflexionó.

“La resolución tiene que ser fundada”

Corregido aclaró, además, que si bien la audiencia pública no es vinculante, cualquier resolución que se adopte desde la Secretaría de Transporte de la Provincia del Chaco con respecto a la tarifa del transporte público, debe ser “fundada”. Al respecto, adelantó que “vamos a analizar la resolución de la que surja el aumento para ver qué consideraciones hicieron de las objeciones que presentamos”. “Si no están considerados, es arbitraria también la resolución”, agregó.


“La audiencia pública es valiosa, es buena cuando la gente participa por el tema que convoca a la audiencia pública, en este caso el aumento del valor. Más allá de que la gente también pueda hablar de la calidad del servicio, esas cuestiones no van a ser consideradas en la resolución”, subrayó Corregido. No obstante, coincidió con el Movimiento de Trabajadores y Estudiantes por el Boleto que reclamaron una audiencia pública para discutir sobre la calidad del servicio de transporte que se presta en el área metropolitana de Resistencia: “Estaría bueno”.

Línea 9: un conflicto de larga data

Corregido recalcó que “hace dos años que venimos denunciando el desorden administrativo que hay tanto en la provincia como en el Municipio de Resistencia”. Recordó que con respecto a la situación de la Línea 9 “ya lo habíamos expresado hace un par de meses atrás donde los colectivos no completaban el recorrido porque los colectivos no completaban el recorrido que deben ingresar detrás del hipermercado. Esto ya se sabía que iba a pasar y que estaba pasando y que estaba dejando a la gente de a pie que tenían que caminar alrededor de veinte cuadras y esperar unos cuántos minutos porque no estaban cumpliendo con su frecuencia los recorridos”.



Fuente: Chaco Día por Día