En este contexto Corregido, junto a la abogada nombrada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Karina Gómez, se trasladaron a General San Martín para tomar conocimiento de los expedientes y mantener una reunión con la fiscal de Investigaciones N° 2, Andrea Langellotti. En total hay más de una docena de expedientes que serán seguidos por los letrados que pondrán ambas defensorías a disposición de las comunidades indígenas.

Asimismo el ombudsman hizo hincapié en que se hará un relevamiento de cada una de las causas y así empezar a asumir la defensa de los imputados, quienes sostienen que se les iniciaron expedientes en la justicia por el simple hecho de salir a las rutas a reclamar por los derechos vulnerados como ser el acceso al agua y la asistencia alimentaria, la cual por cinco años se prestó de manera regular en cumplimiento de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que a principios de este 2014 fue interrumpido lo que motivó las denuncias de la Defensoría del Chaco ante el máximo órgano judicial y ante la Defensoría de la Nación, actor en la cautelar.