Cristina Kirchner sorprendió ayer al anunciar que por primera vez se buscará aplicar la denominada Ley Antiterrorista. Será contra la imprenta Donnelley, que esta semana anunció su cierre. Según la Presidente, el proceso por el cual se declaró en quiebra de manera "fraudulenta".

La mandataria atribuyó esa supuesta maniobra a la voluntad de "atemorizar a la población". Detrás de ese presunto motivo vinculó el paquete accionario de la empresa al fondo NML, que litiga con la Argentina con la deuda impaga. "Como verán todo hace juego con todo, todo un entramado casi mafioso internacional", apuntó.

El titular de la Unidad de Investigación Financiera, José Sbatella, respaldó los fundamentos de la acusación y advirtió cuál será el próximo paso: ir por los activos de la compañía.

"Si el juez acepta la figura de terrorismo, a nosotros nos habilita como UIF a pedir el congelamiento de los fondos que sus accionistas tienen en el país, y extenderemos el pedido de embargo de activos al resto de los países del GAFI", indicó a Télam. La denuncia recayó hoy en el juzgado que dirige Daniel Rafecas.

El funcionario explicó que "cuando en una causa aparece la figura de terrorismo, la UIF tiene que actuar". Y subrayó que la "ley permite que se congelen los fondos de los terroristas y esto también posibilita que los implicados pasen a formar parte de un listado internacional" para continuar las acciones. "Por lo tanto, podemos pedir al resto de los países del GAFI que también congelen los fondos", avisó.

"Un grupo de empresas que integran los fondos buitre en el país, intenta aterrorizar a la población, tratando de poner en jaque al gobierno nacional", consideró Sbatella en línea con las palabras de Cristina Kirchner. "Ellos utilizan el camino del enriquecimiento basado en la extorsión.

A su juicio, "en la acción de la empresa, está el ataque al orden económico y financiero, pero también la extorsión". Y concluyó: "Son las amenazas que hizo públicamente el dueño de esta empresa".





Fuente: Infobae.