Caamaño confirmó a Télam que ayer comenzó a recibir nuevamente amenazas de muerte a través de la red social Twitter y las vinculó al pedido de la fiscal contravencional porteña, Daniela Dupuy, quién giró una solicitud de identificación de usuarios de la red social por los amedrentamientos a la funcionaria judicial.

En el mismo sentido, previamente, la Cancillería desmintió la información publicada hoy por el diario Clarín, escrita por el periodista Daniel Santoro, quien habló de un supuesto pedido de cooperación judicial para "investigar a tuiteros críticos" que habría solicitado al gobierno de Estados Unidos ese ministerio.

En rigor, la solicitud fue de la propia justicia, y en ese sentido la fiscal aseguró que “desde el día de ayer comenzaron a amenazarme nuevamente desde Twitter con frases como “nos querés mandar al FBI hija de puta” o “devolvele la fiscalía a Campagnoli”, y al principio me tomó por sorpresa ya que desde el día que radiqué la denuncia, no volví a estar en contacto con la causa”.

En rigor, la denuncia fue presentada en el mes de marzo por la fiscal Caamaño luego de recibir decenas de amenazas a través de la red social Twitter, con el objetivo que se procediera a investigar la existencia de los delitos de hostigamientos y informáticos.

En este sentido, la funcionaria reafirmó la posición de la cancillería argentina y señaló que “el gobierno nacional no tuvo ningún tipo incumbencia en este caso, todos los procedimientos y pedidos de información fueron cursado por la justicia porteña a través de las divisiones de delitos informáticos”.

A pesar de que Daniela Dupuy, titular del que funciona como Equipo Especializado en Delitos Informáticos que investiga la causa, se encuentra de licencia, integrantes de su equipo confirmaron que desde allí se cursó el pedido al Homeland Security norteamericano.

En este sentido, señalaron que “el procedimiento implementado es el mismo en todos los casos en los que se investiga delitos informáticos” y detallaron que se solicitaron los datos de los usuarios que realizaron las amenazas, la fecha de la creación de las cuentas, logs de conexión y en particular, la hora en que se realizaron las conexiones.

A partir de la denuncia de Caamaño, Dupuy dispuso la investigación de una serie de usuario de la red social desde los cuales se profirieron amenazas contra la fiscal en el momento en el que asumió el cargo en reemplazo de José Campagnoli.

Si bien la mayoría de los usuarios utilizados no se corresponden a identidades verdaderas, algunos de ellos sí lo son y están vinculados directamente al destituido fiscal.
Dos de ellos, @andres_rimoldi y @ignaciorodrigu1, pertenecen a un empleado y al secretario letrado de la Fiscalía de Saavedra, organismo que condujo Campagnoli.

Una vez notificados de la investigación, Rimoldi le otorgó su representación legal a la abogada Daniela Portino González, quien comparte la titularidad de un estudio jurídico con Ignacio Irigaray, defensor de Campagnoli en el jury que investiga el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Respecto a la publicación del multimedios, Cancillería sostuvo que “en forma recurrente el diario Clarín y sus satélites informativos inician campañas de difamación. La de hoy es una más, seguramente no la última, que luego se demuestra están basadas en datos falsos o, directamente, inventados".

El caso Caamaño no es el primero que ocurre en torno a la investigación del desempeño de Campagnoli, dado que la jueza María Cristina Martínez Córdoba y el fiscal Adolfo Villate, renunciaron tras sufrir amenazas y pintadas, respectivamente, todas relacionadas con su actividad en torno al caso.