El fiscal federal Ramiro González dictaminó quiénes son los directivos de Edesur y Edenor que deben ser investigados por los cortes de luz ocurridos en diciembre pasado en numerosos barrios de la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires y ordenó una serie de medidas que apuntan a las empresas.

Semanas atrás el fiscal había requerido la apertura de la investigación en el marco de tres denuncias, pero hasta ahora no había identificado concretamente quienes debían estar imputados.

Fuentes judiciales confirmaron que se trata de los directivos de Edesur, Guillermo Vázquez, Guillermo Reca, Carlos Miguens, Eduardo Escassany y miembros del grupo Caputo; y además a Marcelo Midlín, de Edenor, entre otros.

Todos fueron imputados por el fiscal en el marco de la denuncia hecha por un grupo de diputados y legisladores opositores, y que se suman a otros tres expedientes que están en manos del juez federal Luis Rodríguez.

También se imputó a funcionarios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y a encargados del control del servicio eléctrico del Ministerio de Planificación Federal.

El fiscal pidió una serie de medidas que apuntan a las sociedades relacionadas con la prestación de los servicios de energía y sus vínculos societarios con Edenor y Edesur.

La causa que fue impulsada por el fiscal se originó en la denuncia de los diputados Elisa Carrió, Martín Loustau, Alcira Argumedo, Roy Cortina, Ana Carrizo, Fernando Sánchez, el senador Fernado "Pino" Solanas, y los legisladores porteños Hernán Rossi, Maximiliano Ferraro, Hernán Arce, Gustavo Vera, Juan Nosiglia y Virginia González Gass.

La denuncia apunta a la concentración empresarial y a la ausencia de controles, además de nombramientos supuestamente irregulares en el ENRE.

"Se observa una concentración empresarial, ausencia de controles, la mala intervención del ENRE, la falta de inversión de las concesionarias y la utilización irregular de subsidios que fueron determinantes para la falta de suministro eléctrico", dice la denuncia.

Con respecto al ENRE, los denunciantes advirtieron irregularidades en "las designaciones del ingeniero Ricardo Martínez Leone y el contador Marcelo Kiener, ya que fueron hechas en forma unilateral y arbitraria por el Poder Ejecutivo, sin respetar los procedimientos para cubrir las vacantes previstas por la ley".

Los denunciantes sostienen que desde el ENRE "se incumplió con el control de la realización de los trabajos de mantenimiento del servicio" y achacan la "responsabilidad de Edenor y Edesur", por la falta de inversión.

El fiscal pidió al juez que se requiera a la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación todos los informes sobre controles hechos en la Secretaría de Energía y el ENRE.

Entre las medidas de prueba pidió que se reclame a la Inspección General de Justicia "los estatutos, balances y toda documentación de las sociedades relacionadas con la prestación de los servicios de energía y sus vínculos societarios con Edenor y Edesur que aportara Carrió".

El fiscal pidió además que se reclame a Edenor y Edesur los contratos firmados con las empresas mayoristas de prestación de servicio eléctrico.

Semanas atrás, las empresas informaron en la causa que pese a que trabajan a pérdida, realizan las inversiones necesarias para garantizar el servicio.

En una presentación escrita, Edesur fue la primera en dar explicaciones, al señalar que se están haciendo inversiones, negó que el Estado Nacional, Provincial o Municipal estén otorgando subsidios, e indicó que en cambio sólo los hay "al precio mayorista de la energía eléctrica y el costo del gas importado pero no a las empresas de distribución".

Por su parte, Edenor en un informe advirtió que "se ha instalado la presunción según el cual empresas como Edenor se enriquecen a expensas de recibir subsidios del Estado, los cuales desvían de su estado natural que serían las inversiones para mejorar el servicio pero nada de ello es cierto", aseguró la empresa en su informe.




Fuente: Minutouno.