El 21 de abril el superintendente de Seguridad Metropolitana Guillermo Calviño deberá prestar declaración como testigo en el marco de la causa por el allanamiento ordenado y luego suspendido por Norberto Oyarbide en Propyme, en la que agentes habrían solicitado un soborno al dueño de una financiera.


Así lo dispuso el juez federal del caso, Luis Rodríguez. En las últimas horas, el magistrado firmó varias medidas de prueba en el marco de esa investigación.


El empresario Guillermo Greppi llamó a varias personas cuando, según denunció, los agentes que allanaron su financiera ubicada en Maipú 311 le intentaban sacar 300 mil dólares a cambio de frenar el operativo, para lo cual habrían invocado la figura del juez federal Norberto Oyarbide. Entre los destinatarios de sus llamados estuvo Carlos Liuzzi, segundo de la Secretaría Legal y Técnica.


Según reconoció Oyarbide, Liuzzi lo telefoneó y eso devino en la suspensión del operativo.


Calviño, tercero en la jerarquía de la Policía Federal, fue otra de las personas con las que se comunicó Greppi en ese momento. Según declaró en febrero, lo "conoce desde hace muchos años". Pero el financista aclaró que el comisario le dijo que "no había nada que hacer".


El juez Rodríguez quiere conocer ahora los detalles de esa comunicación. También ordenó a todas las empresas de telefonía y radio que aporten información en cuanto a los abonados de la comisión policial que realizó el allanamiento, y la cual fue imputada por el fiscal Ramiro González.


La identificación de los teléfonos es porque a futuro se prevé que el juez ordene un entrecruzamiento telefónico para conocer el detalle de los llamados de ese día.


Si bien no aceptó la petición de ser querellante al empresario Greppi, Rodríguez sí lo hizo respecto a su firma Propyme.





Fuente: Infobae.