El convenio firmado por los funcionarios integrantes del Poder Ejecutivo y Judicial consiste en una primera etapa la de confeccionar y presentar a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Provincial de adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental. “Estamos contentos de poder avanzar en la implementación de esta normativa que busca brindar una atención basado en el respeto a la persona en toda su integridad”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.
“Con el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones de los Poderes del Estado se fortalecen los servicios que se brindan al pueblo chaqueño y en este caso, debemos velar por una atención de calidad a las personas con padecimientos mentales, que forman parte de un sector vulnerable”, expresó Morante. Añadió también que “una muestra clara de este compromiso es que Chaco fue reconocida como la provincia que está más avanzada en la implementación del órgano de revisión”.
Por su parte el referente de la Procuraduría General, Jorge Canteros destacó que “la presentación del proyecto de adhesión está basado en el criterio de inter-sectorialidad e interdisciplinariedad que cada jurisdicción debe realizar y adaptar de acuerdo a la organización administrativa y funcional”, explicó.
En la misma línea, la directora provincial de Salud Mental, Gloria Reyero, aseguró que el paso siguiente es que “la Legislatura apruebe el proyecto de Ley Provincial de adhesión a la normativa nacional para que se haga efectiva la conformación del Órgano de Revisión Provincial”.

Órgano de Revisión
Este organismo tendrá a su cargo la evaluación de las internaciones involuntarias, que estas se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez. Este control se realizará tanto en el ámbito público como privado.
La directora de Salud Mental informó que según lo establecido por la Ley Nacional, el Órgano de Revisión depende del Ministerio Público de la Defensa, que en la provincia la institución que tiene las mismas facultades sería la Procuraduría General.
“El organismo está integrado por referentes de las diferentes instituciones relacionadas a la temática pero tienen una dependencia directa del Poder Judicial, con la función de órgano contralor”, sostuvo Reyero.
El Órgano de Revisión estará compuesto por un “representante de la Procuraduría General, uno del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Derechos Humanos, de asociaciones de profesionales vinculados al área, como ser los colegios de psicólogos y psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeros y ONG”, detalló la directora.

Paso a seguir
Otro de los puntos establecidos en el documento es la confección de un Proyecto de Ley Provincial de Salud Mental - siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional 26.657- donde se realizará “una adaptación de la normativa de acuerdo a las necesidades de la provincia”, aclaró Reyero.