Sociedad
Pidieron la indagatoria de una dirigente de la Villa 31 que cortó la Autopista Illia en 2009
Por: Omar Lavieri olavieri@infobae.com
La mujer fue sobreseída y el fiscal Moldes apeló y pidió que se abra la investigación. En su presentación, el funcionario judicial habla de clientelismo, pobreza, amenazas y la responsabilidad del Estado

Jueves, 13 de febrero de 2014
El fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió que sea revocado el sobreseimiento dictado para Amalia Aima, conocida dirigente de la Villa 31 de Retiro, por haber organizado un corte de la Autopista Illia en el año 2009.
La mujer había sido sobreseída por el juez Ariel Lijo, pero el fiscal Carlos Stornelli apeló esa decisión por considerar que no se había profundizado la investigación de manera suficiente. Y Moldes respaldó la apelación presentada por su colega, pero no se quedó en la mera argumentación jurídica: fue mucho más allá.
El fiscal de la Cámara Federal primero caracterizó a la imputada: "Aima no es una vecina más; es conocida como una persona con cierto grado de poder e interacción con diferentes estamentos gubernamentales, que ha organizado cortes u otras medidas de acción directa, tramitado planes (Jefes y Jefas de Hogar, entre otros) y que habría amenazado con retirarlos a varias personas, al tener aparente capacidad de decidir sobre la continuidad de los mismos".
Según testimonios brindados en la causa judicial, Aima era capaz de gestionar planes sociales y amenazó a varios vecinos de la Villa 31 con quitarles beneficios si no cortaban la Autopista Illia. En base a esas declaraciones, el fiscal pidió que a la mujer- alguna vez fue electa como representante de la Villa 31- se la investigue por amenazas.
En su presentación -a la que accedió Infobae-, Moldes desgranó algunos conceptos acerca del modo en que deberían encararse los casos judiciales por cortes de calles o "piquetes" como el sucedido en la Autopista Illia: "Aima, valiéndose de su real o supuesto posicionamiento político-partidario y su aparente poder de decisión sobre la asignación de planes sociales, habría amenazado y coaccionado a vecinos de la Villa 31 obligándolos a delinquir, mediante el corte de la Autopista Illia el día 19 de noviembre de 2009, lo cual constituye la base del delito previsto y reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación (corte de calles)".
"Debo formular algunas necesarias aclaraciones: cuando digo que se los obligó a delinquir no estoy hablando de criminalizar la protesta social espontánea que deja ver aquellos reclamos sobre derechos del ciudadano que no son respetados por las autoridades públicas. Pero ello no implica admitir, por resultar inaceptables en un Estado de Derecho, aquellos "piquetes" con métodos violentos y coactivos como el que aquí se analiza, donde se queman objetos y se obstruye la circulación de vehículos y personas. Estas acciones son repudiables y deben ser sancionadas, más aún cuando son la consecuencia de prácticas inescrupulosas de un pequeño número de individuos", consideró el fiscal
El funcionario judicial hizo referencia también al cambio de posición de algunos sectores de la dirigencia política que fluctúan entre permitir los "piquetes" sin ninguna intervención de las fuerzas de seguridad a pedir que se impidan las protestas: "Estos principios son inalterables. Su estabilidad no se quebranta por el discurso oportunista y escurridizo de algunos actores políticos que, a menudo, se desplazan con sorprendente velocidad entre la tolerancia de todos los abusos y atropellos a la represión –si hace falta a garrotazos- de cualquier disenso, según quien detente, en ese momento, el control de la calle".
"No es aceptable que el ciudadano deba soportar este tipo de actividades, apañadas de alguna forma por la inacción de las autoridades públicas y me parece exagerado afirmar, como se hace a veces, que con las limitaciones al derecho de manifestación se pretende cercenar las libertades públicas o instaurar un estado de excepción mediante la criminalización de los manifestantes. Nadie niega el derecho al reclamo, pero la ley no ampara el abuso del derecho o su ejercicio antisocial, violento e intimidatorio, no solo respecto de miles de personas que debieron soportar ese día el cierre de la autopista, sino también de aquellos que fueron arriados involuntariamente a la realización de una actividad delictiva", apuntó Moldes.
El fiscal pidió que se investigue con profundidad aquello que subyace en el modelo de clientelismo gerenciado por punteros políticos que se benefician de los que menos tienen: "Y si de delito hablamos debe decirse que, a pesar del tiempo insumido por la instrucción, las medidas probatorias materializadas nos indican que apenas alcanzamos a vislumbrar la punta del iceberg, esa parte visible que se materializa en la persona de la imputada. Deberemos redoblar los esfuerzos si aspiramos a dilucidar qué hay más allá de lo que se ve a simple vista, a conocer quiénes son los titiriteros, quiénes se encuentran detrás de la escena medrando con la miseria ajena"
Además Moldes pidió que se reabra la investigación y que se determine "qué vínculos existían entre la imputada, las autoridades del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre estas con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es decir que si bien queda claro de la prueba colectada que el Estado Nacional aportaba fondos, la Ciudad controlaba las contraprestaciones prácticas, y la imputada dirigía en el campo las acciones materiales, no veo tan claro en cambio hasta dónde está previsto que gente como Aima (que, a la postre, es la que tiene el contacto directo con los beneficiarios) termine invistiendo la facultad de adoptar decisiones relativas a la concesión o despojo de esas mercedes públicas, sin contralor alguno y sin más límite ni barrera que su propio arbitrio y la intimidante exhibición de su poder". "El meollo de la pesquisa debería centrarse en las relaciones de Aima con distintas autoridades para el manejo de planes sociales", indicó.
En la causa judicial se estableció que "la organización de la asistencia estaba supeditada al cumplimiento de contraprestaciones por parte de los beneficiarios que, en la Ciudad de Buenos Aires y más precisamente en el ámbito de la Villa 31, era llevada adelante, ya en forma directa por el gobierno local, ya a través de la delegación en organizaciones no gubernamentales para controlar la efectiva realización de las labores. Tales organizaciones, en definitiva, tendrían la posibilidad de certificar el cumplimiento o incumplimiento de la tarea con las consecuentes posibilidades para el beneficiario de mantener o perder el beneficio.
"Además varios vecinos relataron que Aima encabezaba una "ONG relacionada con la contraprestación de tareas frente a dichos beneficios, denominada "Ayúdame a ayudar". Así pues, estaría dada la estructura formal que permitiría efectivamente generar temor en los vecinos de la zona que cuentan con beneficios porque, en el caso de rechazar la orden de cortar la autopista, podrían perder su tan necesaria ayuda mensual"
Moldes solicitó "profundizar la encuesta con relación al encastre de estas piezas: por un lado Aima (y tantos/tantas Aimas que por el mundo andan) y por el otro, los dos niveles estatales comprometidos (nacional y local). Es extraño: hablamos de un Estado que se pretende omnipresente y donde más falta hace está siempre ausente. Ese Estado que no controla, solo por eso termina pareciendo cómplice, al no poder registrar o fiscalizar ni siquiera en qué se gasta su propio dinero. El gobierno nacional deriva las obligaciones en el nivel municipal; el gobierno local delega esa responsabilidad en supuestas ONGs que, en algunos casos, no son más que fachadas tras las que se ocultan ambiciones políticas e intereses económicos, olvidando que los sectores más postergados necesitan algo más que simples ayudas materiales; necesitan que esos socorros se subordinen a un marco regulatorio justo, claro y vertebrado".
El fiscal describió también la estructura poco clara que se genera alrededor del clientelismo prebendario: "No creo develar ningún secreto si sugiero que se esparce por doquier la generalizada percepción de que en derredor de los programas de asistencia social se ha ido ramificando una formidable red de relaciones, oscuros servicios, protección y financiamiento que, con frecuencia hace peligrosos juegos de equilibrio al borde mismo de la legalidad.
"A diario encontramos razones para suponer que esa red vincula a personas que actúan como incontestados señores feudales de barriadas en las que campa el desamparo, con intereses concretos del poder político o la puja sindical en todos los niveles imaginables. Se trata de una trama prieta, tupida y compacta, de apariencia impenetrable que se ha ido solidificando año tras año, en especial en lo que va de este siglo", denunció.
"El enorme riesgo que corremos es que, por inacción o desidia, terminemos dando por irreversible e inmodificable este estado de cosas, tal como nos viene ocurriendo, por ejemplo, con esas organizaciones criminales mal llamadas "barrabravas". También allí se replica el entrecruzamiento de intereses entre los caciques de la violencia en espectáculos deportivos con los de aquellos que deberían velar por evitarla. El fenómeno es el mismo: ante la retirada de una estructura ausente (el Estado), el terreno es cubierto por otra que, aunque injusta, violenta y abusiva, garantiza al menos cierto control", comparó el funcionario judicial.
"Lamentablemente no se puede descartar que la sociedad termine aceptándolo porque, cualquier orden, es mejor que ninguno. En los cuatro años transcurridos desde aquel noviembre de 2009 y hoy ¿cuántos cortes sufrió la autopista?; ¿cuántos de ellos habrán tenido origen en operaciones oportunistas, montadas sobre las necesidades de los pobres, que se juegan la subsistencia si atinan a resistir amenazas y coacciones similares a las que aquí ventilamos?", preguntó el fiscal.
Para concluir, Moldes afirmó: "Es triste, pero tenemos motivos sobrados para creer, con desazonador pesimismo, que si no se hace algo pronto, habrá barrios y zonas donde esa pasividad y apatía provoque que todas estas plagas, desde la ocupación ilegal del espacio público hasta la malversación sistemática de las arcas estatales, desde la inseguridad cotidiana hasta el drama del narcotráfico, sean vividos como azotes fatales, ineluctables, con un espíritu de pasividad, de desistimiento, de conformismo y de resignación. Si aún es tiempo de evitarlo cada uno de nosotros puede aportar algo a ese propósito. Hoy parece un buen día para empezar".
Fuente: Infobae.