La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó ordenó una auditoría de la fiscalía de Orán el año pasado y hace dos meses informó los resultados a los ministerios de Seguridad y Justicia, a la SEDRONAR, al gobierno de Salta y al Consejo de la Magistratura, para trabajar en conjunto frente a la situación de colapso por la elevada cantidad de casos de narcotráfico.

Gils Carbó informó al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobierno salteño y al Consejo de la Magistratura en el mes de septiembre, acerca de la situación de colapso del sistema judicial de San Ramón de la Nueva Orán, luego de una auditoría del año pasado sobre la labor de la fiscalía federal de esa ciudad, cuyo mayor volumen de trabajo está ligado a casos de narcocriminalidad.

La auditoría había sido ordenada por la jefa de los fiscales en septiembre de 2012, un mes después de que asumiera como titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y reflejó grandes dilaciones en la tramitación de las causas en el Juzgado Federal de Orán, la falta de recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad que intervienen en la zona, la necesidad de dotar con mayores recursos humanos a la fiscalía, entre otros puntos.

El informe, realizado por tres auditores de la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional de la Procuración fue aprobado por Gils Carbó mediante la Resolución MP 1844/13 del 13 de septiembre pasado y remitido a los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), al Gobierno de Salta y al Consejo de la Magistratura.

Gils Carbó refirió que el informe "podría resultar de interés para el diseño de políticas públicas a cargo de dichos organismos, o para la coordinación del sistema de justicia de San Ramón de la Nueva Orán en orden a la implementación de mecanismos de actuación conjunta relacionados, según el caso, con la temática de la prevención de la drogadicción, narcotráfico, contrabando, control fronterizo, la organización de las actividades de las fuerzas auxiliares, policiales y de seguridad, o el proyecto de medidas penitenciarias y sanitarias".

Gils Carbó además ordenó la Secretaría General de Administración de la Procuración General que "se tomen los recaudos necesarios para otorgar" a la fiscalía de Orán "una partida especial, dirigida a solventar los gastos que demanden los traslados de los testigos que deban comparecer ante la sede y que no cuenten con medios para ello".



Fuente: Minutouno.