“En una investigación penal de estas características no puede existir y mucho menos justificarse, temor alguno a que las pruebas sean puestas sobre la mesa y en conocimiento de todos”, enfatizó.

El ministro agregó que “esta herramienta fue promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en su búsqueda incansable de justicia” y agregó que “este gobierno no escapa a los desafíos dejando que los grandes conflictos de nuestra sociedad permanezcan irresueltos".

"Hacemos los máximos esfuerzos para que las violaciones masivas a los derechos humanos sean juzgadas y sus responsables castigados en el marco de una política de estado fundamental de memoria, verdad y justicia”, agregó.

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos consideró “bajo ningún punto de vista puede utilizarse el memorándum como un impedimento para que los funcionarios judiciales pongan en conocimiento de la sociedad y de las partes todas las pruebas y medidas que promuevan un avance concreto de la investigación”.

Asimismo, explicó que “el propósito de este acuerdo es que se viabilicen actos procesales indispensables para el avance de la investigación. Su objeto y efecto es posibilitar las declaraciones indagatorias de los acusados”.

“Reconocemos y respetamos todo el trabajo que se ha desarrollado en el ámbito judicial. Sin perjuicio de ello, ese trabajo no ha alcanzado y no ha arrojado ningún resultado concreto en la búsqueda de verdad y justicia”, manifestó el funcionario.

Alak subrayó que “de ninguna manera puede interpretarse que la Comisión de la Verdad tenga alguna facultad o función jurisdiccional que entorpezca la labor de las autoridades judiciales locales.”

“El propósito de este acuerdo es que se viabilicen actos procesales indispensables para el avance de la investigación



Según señaló, “esa función no la tiene esta Comisión ni ninguna de similar naturaleza que, justamente, se han creado y utilizado en muchos casos en todo el mundo cuando las vías jurisdiccionales no alcanzaban resultados concretos”.

“Como claramente establece el Memorándum, los informes de la Comisión de la Verdad no son vinculantes, sino meras recomendaciones a los estados. Ni siquiera estarán dirigidos a las autoridades judiciales locales”, dijo el ministro.

En sus declaraciones Alak aseguró que “esta misma causa conoce bien lo que ocurrió cuando el poder judicial actuó a escondidas y de espaldas a las víctimas y la sociedad. Se perdieron 10 años muy valiosos para la investigación penal, se mantuvo a muchos inocentes presos, se generó responsabilidad internacional del Estado Argentino y, lo más lamentable, se estafó a las víctimas y a la sociedad toda”.

“El Memorándum suscripto, brinda la posibilidad concreta de sentar al juez de la causa frente a los acusados por el fiscal Nisman, para que de una vez y por todas pueda avanzarse en la investigación que lleva 7 años paralizada”, dijo.

Alak enfatizó que “no nos conformamos con acusar a los posibles responsables, queremos que la justicia argentina los interrogue, que los procese y que los lleve a un juicio oral y público en el que sean condenados".

Finalmente, el ministro consideró que “la justicia no ha podido resolver esta situación, es por eso que acordamos esta herramienta para brindarle las posibilidades de avanzar y, más temprano que tarde, en un caso que lleva -como dije- 20 años de impunidad, conocer la verdad de los hechos y sancionar duramente a los responsables”.



Fuente: Télam