Si bien Abraham respondió que desconoce las razones de la nueva crisis aseguró que los empresarios adujeron que no han recibido los fondos prometidos para compensar la reducción del precio del boleto que fue ordenada por la Justicia.

La crisis


En los primeros días de septiembre el juez civil Julián Flores hizo lugar a una medida cautelar presentada por el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, y ordenó dejar sin efecto la ordenanza que estableció el precio del boleto en 3,25 pesos.
La medida no se cumplió de inmediato sino que la Municipalidad de Resistencia y la Provincia apelaron la sentencia aunque en el caso de la administración de Jorge Capitanich terminaron admitiendo que no se realizó audiencia pública como ordena la legislación vigente.
Cuando finalmente ordenaron bajar las tarifas los empresarios adujeron que no podrían circular con un costo de 2,50 pesos, la UTA comenzó con una medida de fuerza que paralizó el servicio en todo el Gran Resistencia.
La Municipalidad y el Concejo ensayaron una salida reestableciendo el precio del boleto a 3,25 pesos pero la Provincia, que tiene jurisdicción en el servicio interurbano, resolvió subsidiar el servicio manteniendo la tarifa a 2,50 tal como lo ordenó la Justicia. Ante esta resolución la comuna resolvió dar marcha atrás y buscar otra solución que hasta ahora no se hizo pública pero sería una compensación.
Ahora con esta convocatoria nuevamente el panorama es incierto y la UTA podría concretar medidas de fuerza, como está amenazando, que afecten el servicio en el área del Gran Resistencia.
Mientras tanto desde la provincia informaron que el precio del boleto no se resolverá hasta después de la audiencia pública que está prevista para el 15 de noviembre en el Salón Obligado.




Fuente: diarionorte