“La idea es que realicen aportes para lograr que sea un proyecto completo y riguroso que contribuya efectivamente a la calidad institucional con participación ciudadana y con un modelo de transparencia”, subrayó.

La propuesta que se remonta al Derecho Castellano e Indiano, consiste en un procedimiento judicial para que durante, y al término del mandato de un funcionario público, se lo someta a una revisión de sus actuaciones. “Es una herramienta indispensable para construir más calidad institucional”, subrayó el mandatario.

A diferencia del juicio de residencia tradicional, la propuesta elaborada por el Ejecutivo provincial contempla la suscripción de compromisos, previo a ejercer el mandato (en el caso de candidatos) y tras la culminación del mismo (funcionarios). “Un candidato, por ejemplo, deberá especificar lo que se compromete a hacer con un sistema de información e indicadores confiables y supervisaos por todos”, profundizó.

Señaló además que frente a un panorama nacional donde existe una confrontación sistemática respecto a la credibilidad del sistema de información estadística, es necesario medir con precisión el cumplimiento de los compromisos del funcionario público. Dicha medición refiere a las metas físicas, financieras y monetarias, y a indicadores de producto, resultado e impacto.

“Además se plantea un sistema de publicación efectiva del cumplimiento de metas durante el ejercicio de sus funciones, y rendición ulterior, en los cuatro meses siguientes a la culminación de su mandato”, explicó Capitanich al brindar detalles de la propuesta legislativa, sometida a evaluación de juristas y profesionales del Derecho.

Participaron del Congreso el titular de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Héctor Granillo Fernández; el Procurador General Jorge Canteros; la presidenta de la Asociación de Magistrados del Chaco, Gloria Zalazar; el delegado del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Víctor del Río; la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Electoral del Poder Judicial del Chaco, Martha Altabe de Lértora; y el ministro de Gobierno, Marcos Verbeek.

Estuvieron presentes también la diputada Elda Pértile, los subsecretarios de la cartera de Gobierno, legisladores, integrantes de los Foros de Seguridad de los municipios, funcionarios judiciales, de la Cámara de Apelaciones, del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.



Transparentar la actuación del funcionario

Entre otros aspectos contemplados en la iniciativa legislativa, se fija como obligatoriedad para todos los participantes del proceso electoral 2015, una rigurosa agenda de indicadores de producto, de impacto y de resultados a realizar por el periodo que les toque ejercer la responsabilidad.

En caso de incumplimiento se generarán mecanismos sancionatorios que pueden ser multas o puntaje. “Esto implica un sistema de información estadística confiable y verificable y permitirá transparentar la actuación del funcionario”, destacó Capitanich.

Además, dicho sistema de información permitirá asegurar rigurosidad al momento de diseñar los planes y políticas públicas que serán luego evaluadas por la ciudadanía. En otras palabras, el sistema de información estadística publicable, sometido a participación de la Justicia, de la ciudadanía y de los medios de comunicación, otorgará mayor confiabilidad.

Por último, Capitanich remarcó que si bien los sistemas de control y fiscalización del Estado en una República Democrática son múltiples (Contaduría General, Tribunal de Cuentas, medios de comunicación e independencia de los poderes del Estado), el juicio de residencia permitirá reforzar dicha tarea, garantizando transparencia para mejorar la calidad institucional.



Juicio por Jurado: “Es el reclamo del pueblo”

Sobre el Congreso, Granillo Fernández manifestó su satisfacción por el desarrollo del mismo y destacó la participación de personas muy capacitadas en el tema. “Es realmente muy significativo, no es fácil de lograrlo ni en provincias con más población”, remarcó y señaló que Chaco fue elegido para la realización del primer congreso porque tiene un adelanto político e institucional al respecto.

Sobre el debate acerca de la institución de Juicios por Jurado –eje central del Congreso-, explicó que se trata de un tema que está en tapete en todas las provincias argentinas. Consiste en un procedimiento judicial para garantizar la participación de la ciudadanía en el proceso penal y emitir un veredicto en determinados delitos expresamente previstos en la ley.

“Implicará el cumplimiento del mandato constitucional de la forma de administración de justicia que prevé la constitución y que no se cumple”, detalló. Resaltó que solo hay una experiencia concreta en Córdoba y próxima a implementarse en Neuquén. “Tendrá próxima receptividad legislativa el Chaco también”, afirmó y remarcó la importancia de la iniciativa en un contexto donde “la administración de justicia esta descreída en todas las jurisdicciones, goza de poca popularidad y credibilidad”.

El presidente de la Asociación de Juicio por Jurado comentó que en Córdoba rige una modalidad de juicio por jurado y tiene buena receptibilidad. Enumeró que en más de 300 veredictos no hubo protestas, puebladas, ni tomas como ocurre –según dijo- con las decisiones de los jueces y tribunales colegiados.

En el mismo sentido consideró incoherente que el pueblo elija representantes legislativos y ejecutivos, pero no judiciales. “En la justicia no tenemos ninguna forma de república”, culminó.