El fiscal subrogante de la Cámara del Crimen Nº 2 de Resistencia, Héctor Elio Valdivia, consideró que la familia Aranda actuó en defensa del derecho a la salud, que su accionar no se encuadra en ningún tipo de delito y solicitó su absolución. Además, solicitó el expediente con las innumerables denuncias realizadas por la familia por las fumigaciones ilegales con agrotóxicos realizadas en un campo sojero lindero a su pequeña chacra y a una escuela rural en la zona del Lote 7 de Colonias Unidas. Con todos los elementos aportados durante el juicio oral, la jueza de la Cámara del Crimen Nº 2, Lidia Lezcano de Urturi, dará a conocer la sentencia el próximo 12 de noviembre.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, en el marco de la última audiencia de declaraciones testimoniales, y tras la declaración del exinspector de la ley de Biocidas, Guido Copetti, el fiscal que subroga el cargo –coincidiendo con el pedido de la defensa que encarnaron los abogados Danilo Legal y Alejandra Gómez, de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo- consideró que no podía prosperar la acusación por presunta “privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas” con las que su colega de la localidad de General San Martín, José Sorabella, elevó la causa a juicio oral contra Hugo Aranda, su padre Luciano Aranda y su madre Felipa González.

Posible delito de contaminación ambiental

Además de rechazar la acusación, el fiscal Valdivia solicitó el expediente donde constan las denuncias por fumigaciones ilegales que la familia Aranda vino realizando desde 2009, sin obtener ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades provinciales. El fiscal de Cámara subrogante intentará determinar si se configura el presunto delito de “contaminación ambiental”.

El caso

Un lluvioso día de febrero de 2011, Hugo Aranda, su papá Luciano y su mamá Felipa González detuvieron el paso de un tractor fumigador por uno de los caminos vecinales de su campo cercano a la localidad de Colonias Unidas y le pidieron al conductor que aguarde la llegada de los agentes policiales –que había llamado la propia familia Aranda- para corroborar si contaba con los requisitos que exigen las leyes ambientales chaqueñas y si se podía realizar la aplicación de agroquímicos teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de ese día. Posteriormente, llegaron al lugar los agentes policiales y el ingeniero Guido Copetti, quién por aquel entonces se desempeñaba como inspector de la ley de Biocidas –en el marco del Ministerio de Producción y Ambiente-. Luego de una serie de discusiones, el conflicto parecía superado. Sin embargo, horas después, el productor sojero Roberto Olivieri radicó una denuncia penal contra los miembros de la familia Aranda.

Previo a ese episodio, la familia Aranda había sido afectada en innumerables oportunidades por las fumigaciones y comenzaron a dejar constancias escritas de sus denuncias a partir del año 2009 en la Comisaría de Colonias Unidas. Así, pese a la toma de conocimiento de estas fumigaciones por parte de autoridades del Ministerio de la Producción (ex autoridad de aplicación de la ley de Biocidas y de la ley de Residuos Peligrosos), de funcionarios del Ministerio de Salud y del APA, las fumigaciones continuaron con la misma modalidad. Y se desconoce el trámite que tuvieron todas esas denuncias. Sin embargo, tras la presentación judicial del productor, expeditivamente el fiscal de General San Martín, José Sorabella, luego de tomar declaración a los tractoristas, a un funcionario policial y a los imputados consideró que la familia Aranda incurrió en el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas” y los mandó a un juicio oral que comenzó el 24 de septiembre pasado.



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