Asimismo dan cuenta que la audiencia se desarrollará en el Salón obligado de Casa de Gobierno el viernes 15 de noviembre a partir de las 8.

De acuerdo a lo establecido en la legislación, podrán inscribirse personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que quieran hacer uso de la palabra o incorporar al trámite información que sea relevante.

De esta manera, la convocatoria a Audiencia Pública en los términos establecidos en la ley Nº 4654 permitirá ampliar la participación a toda la sociedad en lo que respecta al establecimiento del precio del boleto y de la calidad del servicio de transporte de pasajeros.

Asimismo se da cumplimiento al fallo dictado por el juez Civil y Comercial Nº 21, Julián Flores, que recogió la petición del Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido de declarar nulas las resoluciones que posibilitaron los aumentos sucesivos del boleto.

El defensor en todo momento puso de relieve que “la audiencia pública es el trámite previo obligatorio para la administración que tiñe de legalidad y legitimidad las decisiones que ésta adopta. La fijación de la tarifa y su modificación, constituye una facultad reglada que posee el órgano administrativo.

La facultad es regulada cuando el orden jurídico establece de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto o cómo debe proceder en determinada situaciones para conformar la voluntad administrativa, es decir que la actividad administrativa está reglada cuando la norma jurídica dispone que ante tal o cual situación, el administrador debe tomar tal o cual decisión, así la administración no tiene elección posible”.

Por esta razón el defensor sostuvo en todo momento que “esta irregularidad previa ausencia de celebración de audiencia pública, hace presumir la nulidad del acto que dispuso el aumento del precio de transporte público”.

Con esta decisión al menos hasta el 15 de noviembre de este año está garantizado el costo del boleto a 2,50 pesos valor que quedó establecido luego de la resolución judicial y la decisión del gobierno provincial de acatar el fallo y llamar audiencia pública, haciéndose cargo a través de subsidios de las posibles pérdidas que esgrimían los empresarios del transporte público que podía impedir el pago de sueldos a los trabajadores.

Por su parte el caso más complicado sería el del municipio, porque esta audiencia es solamente para el transporte interurbano, y todavía resta definir cuál será la metodología de acción dado que la comuna esgrime que no está normado en su ámbito la audiencia para definir el costo del boleto.