Los cinco imputados son el teniente coronel (retirado) Jorge Di Pascuale, quien se desempeñaba como jefe de inteligencia; el segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza; y el jefe de inteligencia del Destacamento 192, el coronel (restirado) Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182.

También serán juzgados, por un total de 55 víctimas, el mayor (retirado) Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, y el médico Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI.

Quedó exceptuado por razones de salud, el ex comisario de la policía provincial de Neuquén, Héctor Mendoza, quien permaneció prófugo de la justicia varios años hasta que fue capturado en 2011 en Paraguay y extraditado a la Argentina.

En este juicio está previsto que declaren cerca de 61 testigos, según informaron fuentes judiciales.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén, con una integración especial para este juicio con los jueces Leónidas Moldes, Diego Barroetaveña y Richard Gallego.

En 2008, fueron juzgados y condenados con penas de 25 a 7 años, ocho represores, en 2012 fueron imputados y juzgados 21, con 13 de ellos condenados con penas de 23 a 6 años y medio, y los restantes 8, absueltos
Como cuarto juez actuará Luis Gustavo Lozada, mientras que son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén -APDH- y el Centro de Profesionales de Derechos Humanos -Ceprodh-.

Los Fiscales Federales son Marcelo Grosso y Adrián García Lois y las defensas serán asumidas por Defensores Públicos.

En tanto, la APDH solicitó al Tribunal que sean revocadas las prisiones domiciliarias de Soza, Farías Barrera, Gómez Arenas y Sosa.

En el escrito, la APDH considera que "es arbitraria la concesión del beneficio, puesto que no se ha fundado debidamente la procedencia (más allá de la invocación de la edad), el peligro de entorpecimiento del proceso por la pérdida del control estatal que entraña esta modalidad de detención".

"También es cuestionable -señala- la decisión por la seguridad de los sobrevivientes y testigos del juicio, que se ve amenazada por dicha pérdida de control".

Expresa que "el otorgamiento del beneficio incrementa el riesgo de no poder cumplir el Estado con su obligación de juzgar graves violaciones a los derechos humanos".

Considera "en relación al peligro de fuga" que "no debe perderse de vista la circunstancia de que el imputado Jorge Alberto Soza haya sido prófugo de la justicia y de que posea vínculos familiares en España, donde residió por largo tiempo, ya que tales situaciones incrementan sustancialmente los peligros procesales existentes".

"La detención de los imputados en un establecimiento penitenciario resguarda de manera razonable la obligación del Estado de juzgar los hechos de estas características (máxime si se tiene en cuenta que la causa se encuentra en etapa de juicio próxima a debate), sin que ello resulte en el presente caso violatorio de ninguna garantía constitucional".

El juicio que se iniciará el jueves es el tercero contra imputados por delitos de lesa humanidad que se realizará en Neuquén.

En 2008, fueron juzgados y condenados con penas de 25 a 7 años de prisión, ocho represores.

En tanto, en 2012 fueron juzgados 21 imputados y condenados 13 de ellos con penas de 23 a 6 años y medio de prisión, mientras que los restantes 8 fueron absueltos.




fuente: Télam