Esta historia puede resumirse en tres simples pasos. Primero, el titular de un vehículo con infracciones de tránsito se presenta en la Dirección del gobierno porteño encargada de gestionar las multas, en el 1º piso de Carlos Pellegrini 211, el Edificio del Plata. En Atención al Público lo notifican de las sanciones que acumula y recibe un talón para el pago voluntario. Si el conductor no estuviera de acuerdo con alguna de las faltas, sería derivado por sorteo a uno de los tantos funcionarios –los llamados "controladores"– que trabajan en el lugar.
Hasta ahí, un trámite normal. Pero sólo hasta ahí. Porque, minutos después y en una de las delegaciones que posee el área –en el extremo opuesto de la Ciudad–, se resuelve, con un trámite veloz, que las multas que registraba ese vehículo son inválidas y que el supuesto infractor no tiene que pagar un centavo. Ese ejemplo se repite sistemáticamente, en lo que parece ser un mecanismo paralelo de resolución de infracciones.

CANDIDATO. Escenas como la anterior se desprenden de la documentación oficial a la que pudo acceder Tiempo Argentino, perteneciente a los propios registros de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), organismo que se ocupa de todas las faltas labradas en la Capital Federal, entre ellas, las de tránsito.
La DGAI depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, y está dirigida por Marcelo D’Alessandro, que ejerce el cargo desde mayo de 2010 y que hoy tiene la peculiaridad de combinar una doble filiación política: además de ser funcionario de Mauricio Macri, es también candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa.
Interventor de Unión Popular –partido que integra el massismo– y con vínculos en el Poder Judicial, D’Alessandro aparece en el puesto número 14 de la lista de postulantes por la provincia de Buenos Aires, con chances reales de ingresar a la Cámara Baja del Congreso nacional.
Como director de la DGAI, comanda un área estratégica para las arcas porteñas. Más aun si se concretan los deseos del PRO de elevar las multas en un promedio del 120%, según el proyecto que ya ingresó a la Legislatura.
A través de 137 controladores de faltas, distribuidos en su sede central y en nueve CGP habilitados, el ente recauda por infracciones viales y por todos los otros rubros en que la Ciudad tiene poder de policía.
Desde que se conoció la candidatura massista de este funcionario, en el macrismo se esfuerzan por despegarse. La atribuyen a una "colocación" con el copyright de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, aliado de Macri y referente político de D’Alessandro. Ocurre que, en los últimos tiempos, el "Tano" Angelici viene enfriando su relación con el alcalde de la Ciudad, al tiempo que la estrecha con el intendente de Tigre, algo que podría extremarse después de las elecciones de octubre próximo. Para más datos, en el organigrama ministerial, la DGAI está bajo la órbita de la Subsecretaría de Justicia, cuyo titular es Javier Alejandro Buján, un juez en uso de licencia que en el PRO es igualmente sindicado como "hombre de Angelici".
Al margen de esta apuesta electoral, en los últimos meses D’Alessandro enfrenta una serie de conflictos internos con sus empleados. Tanto que en la Fiscalía General de la Ciudad quedó radicada la denuncia de un trabajador "por amenazas que viene sufriendo", a raíz de supuestas "irregularidades que él advirtió en la Dirección General de las cuales puso al tanto a sus superiores". Antes, también por "amenazas", hubo una presentación en la Comisaría 3ª. Y no es el único caso de este tipo que salpica al director y a algunos de los principales funcionarios a su cargo (ver aparte).

"DEFECTOS FORMALES". Según los registros consultados por Tiempo, infractores que se presentan en la DGAI y obtienen el talón para el pago voluntario, son atendidos después, el mismo día y en tiempo récord, en uno de los CGP de la Ciudad en que funcionan dependencias habilitadas, donde se dispone el archivo de todas las actas por "defectos formales".
De acuerdo a fuentes de la propia Administración, el procedimiento normal indica que, luego de pasar por Atención al Público, el titular del vehículo puede ir a la oficina de cobro y saldar su deuda o, en todo caso, ser asignado a un funcionario con el cual discutir las multas que cree incorrectas.
Esto último se realiza mediante un sorteo rotativo que incluye a alguno de los 79 controladores que –en dos turnos– trabajan en el edificio de Carlos Pellegrini 211. Sin embargo, en los casos relevados, los conductores supuestamente aparecen, ese mismo día, derivados a un CGP, adonde llegan y son atendidos con una celeridad que sorprende.
A continuación, algunos botones de muestra de ese mecanismo, en los que se alteraron y omitieron ciertos datos y precisiones para preservar la identidad de los ciudadanos involucrados.

–Los primeros días de marzo pasado, el titular de un auto modelo Peugeot se presentó en el edifico de la DGAI. Minutos antes de las 8:30, ya tenía en sus manos un listado con sus multas a saldar: ocho actas, siete de ellas por exceso de velocidad, el tipo de infracciones considerada "grave", con montos de entre 240 y 332 pesos cada una. El pago voluntario era de unos 2000 pesos. Pero, apenas diez minutos después –y en ese horario pico–, el mismo conductor estaba discutiendo sus faltas en un CGP ubicado a unos 8 km de Carlos Pellegrini 211. Allí, se abrió un legajo en el que un controlador de faltas resolvió el archivo todas las actas, argumentando "defectos formales".
–A principios de mayo, también desde ese CGP, se archivaron por "defectos formales" 18 actas de infracción atribuidas a un conductor. El mismo día, 25 minutos antes y en Carlos Pellegrini, se había emitido a nombre de otra persona el talón para el pago voluntario de siete infracciones por casi 3000 pesos. Justamente, esas actas figuran entre las que fueron mandadas a archivo en el legajo citado más arriba. Es decir, multas asignadas a un conductor aparecen luego condonadas junto a las infracciones de otro.
–A mediados de mayo, una conductora se acercó al edificio de la DGAI. Cerca de las 8:20 le informaron que el pago voluntario era de 2900 pesos, incluidas siete violaciones al límite de velocidad. La titular cuestionó una falta por cruzar con luz roja y pidió oponer "defensa y excepciones". De todos modos, antes de las 8:40 y en el CGP antes mencionado, se archivaron las actas, tanto las de pago voluntario como la observada.
–Terminaba mayo cuando, tras la resolución de un funcionario de la misma delegación, se desestimaron por "defectos formales" 17 infracciones de un vehículo marca Peugeot. Una hora antes, en Carlos Pellegrini, le habían fijado un pago voluntario de 4000 pesos, incluida la quita por exceso de velocidad de 15 de los 20 puntos del carnet de conducir.
–Antes de las 8:20 de un día de mediados de junio, un conductor con domicilio en Barracas recibió en la sede de la DGAI el talón de pago voluntario: 2200 pesos por seis excesos de velocidad y un estacionamiento indebido. En dos casos, las multas venían con una quita de cinco puntos del carnet. En esta oportunidad, el archivo de todas las faltas, y a
8 km de distancia, fue apenas once minutos después, por resolución administrativa.
–Recién comenzaba julio cuando, desde las mismas coordenadas, se archivaron por "defectos formales" las actas de 19 faltas con que cargaba el titular de una moto Yamaha. Eran las 9:30. A las 8:17, había recibido en Pellegrini un talón para abonar 2200 pesos. «


Poca transparencia


La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 137 controladores de faltas, que por día gestionan unos 40 legajos y cada tres meses, junto con su sueldo, reciben un incentivo conforme a la recaudación del ente. Desde 2001 –cuando la Ley Nº 591 dispuso que estos funcionarios remplazaran a los antiguos "jueces de faltas"– que no se cumple con la designación por concurso público de todos los cargos, como manda la normativa. El resultado es que la mayoría surgió de una compulsa política, donde cada espacio acercaba al Ejecutivo una lista de candidatos que luego era ratificada por la Legislatura, sin mayores requisitos. En 2003, por ejemplo, había 47 controladores elegidos de esa forma; en 2004 se concursaron 30 cargos, pero en 2007 se volvió a la designación política de 39 puestos.
Para 2013, el PRO anunció el llamado a concurso público de 105 controladores de faltas. De hecho, el viernes pasado cerró el plazo de cincos días para la inscripción de los aspirantes, que deben ser abogados con cuatro años de antigüedad en la matrícula. Se espera que los exámenes a los candidatos –un escrito y otro oral– comiencen en noviembre.



Amenazas a quienes denunciaron irregularidades


Con la firma del director Marcelo D’Alessandro y tratando de desactivar una crisis interna, el 20 de agosto pasado la DGAI emitió una nota en la que dio cuenta de "supuestas amenazas y coacción recibida por personal" del organismo.
En el comunicado, D’Alessandro expresó un "profundo repudio a este tipo de acciones" y aseguró que "se tomaron todas las medidas necesarias, a los efectos de poder aclarar estos hechos".
Incluso, se refirió a posibles sanciones a los autores y se comprometió ante el personal para "garantizar el normal desarrollo de sus actividades laborales".
Una semana antes, un empleado de la DGAI había acudido a la Comisaría 3ª de la Policía Federal –en el barrio porteño de San Nicolás– y denunciado "amenazas" sufridas en el 1° piso de Carlos Pellegrini 211.
En ese caso, se dio intervención a la Unidad Fiscal Sudeste, a través del titular de Equipo Fiscal "C", Walter López. Días después de esa presentación y de la nota de D’Alessandro, el mismo empleado acusó otro episodio, esta vez, ante la Oficina de Acceso a la Justicia de la Fiscalía General de la Ciudad, donde radicó "una nueva denuncia por amenazas".
El empleado sostuvo en su presentación que a fines de agosto, también en la sede de DGAI, fue amedrentado por un hombre "que se identificó como alguien de las fuerzas armadas" y le dijo: "No te metas con mi mujer". Según el relato asentado ante la Fiscalía, el sujeto acompañaba a una directiva del ente recaudador: Elena Villarejo, titular de la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, área donde se desempeña el denunciante.
"Entonces el deponente le dijo que él no se estaba metiendo con su mujer y que era ella quien estaba haciendo mal las cosas", señala el acta.
El empleado, que ofreció como testigos a dos controladores, agregó que el hombre luego se alejó "e hizo ademanes como que tenía algo en la cintura, es decir, un arma de fuego", si bien aclaró que no llegó a verla.
Por último, afirmó "que estos hechos guardan íntima relación con los ya denunciados" y precisó "que las amenazas que viene sufriendo son por irregularidades que él advirtió en la Dirección General de las cuales puso al tanto a sus superiores".
También a fines de agosto pasado, D’Alessandro recibió una nueva nota incómoda. Una empleada de la DGAI le presentó una "denuncia de violencia laboral", apuntando a otro de sus funcionarios: Carlos Stabile, gerente operativo de Control de Operaciones. "Desde hace unos nueve meses sufro acciones en forma sistemática y recurrentes, que atentan contra mi dignidad, integración psicológica y social", sostuvo la trabajadora. Esto a pesar de que, según aseguró, en abril pasado había sido trasladada de sector.
Por eso, apelando a la Ley Nº 4330 –que en su artículo 7 busca "prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito laboral del sector publico de la Ciudad"–, hizo responsable solidario a D’Alessandro "en caso de no adoptar una acción inmediata y apropiada para corregir la situación".




Fuente: tiempo argentino