El primer convenio permitirá que efectivos de la División Policía Caminera puedan realizar controles en el ejido urbano de la ciudad portuaria, en tanto que el segundo, autoriza a inspectores de tránsito a utilizar las actas de infracción que emplea la Policía Caminera, como así también la infraestructura del departamento de juzgamiento administrativo que depende del Ministerio de Gobierno.

“Esto permitirá evitar la instalación –en el municipio- de un juzgado de faltas con todos los gastos que ello implica”, explicó Chapo, a la vez que destacó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio en pos de la seguridad vial.