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Fuerte acusación de la defensa de Moreno contra consultoras
El abogado del secretario de Comercio Interior, Alejandro Rúa, pronosticó en Radio 10 que el procesamiento contra el funcionario será anulado y sostuvo que las entidades que lo impulsaron cometen "delitos de cuello blanco".

Martes, 24 de septiembre de 2013
El abogado del secretario de Comercio Interior, Alejandro Rúa, vaticinó que el procesamiento contra Guillermo Moreno será anulado y denunció que las consultoras privadas buscan "beneficiar a los bancos y entidades del sistema financiero".
"Los números que no son reales son los de las consultoras, que tienen una estructura mínima que no es suficiente para ofrecer un dato cierto", argumentó en declaraciones a "Hola Chiche" por Radio 10.
Rúa sostuvo que "el interés que tienen es para la obtención de ganancias millonarias para los bancos y las entidades del sistema financiero que salen beneficiadas en perjuicio del conjunto de la sociedad y los usuarios bancarios que pagan las tasas de interés".
De esta manera, denunció que las entidades que impulsaron el procesamiento contra Moreno cometen "delitos de cuello blanco". "Lo hacen para justificar las tasas de interés y manejar el dólar a futuro. Es delincuencia económica", agregó.
El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, apeló el jueves pasado su procesamiento en la causa por la multa aplicada a la consultora "Finsoport S.A." a raíz de la medición del índice de inflación.
En la apelación, su abogado, Alejandro Rúa, solicitó que la Cámara Federal revoque el procesamiento contra el funcionario, al defender la legalidad de las multas aplicadas a consultoras de acuerdo a los "procedimientos administrativos" que establecen las normas legales.
Además, el defensor argumentó que Moreno ya fue procesado por este hecho luego de que el juez federal Julián Ercolini desestimara en 2012 una denuncia similar realizada por consultoras privadas.
La causa se inició por denuncia de Jorge Todesca, presidente de "Finsoport SA Economía y Finanzas" quien advirtió que su empresa fue objeto de "una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados".
Fuente: Minuto uno