El sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano anunció una movilización hacia la Superintendencia de Servicios de Salud para el próximo lunes en reclamo por las deudas que el gobierno mantiene con las obras sociales, según comunicó el gremio. El anuncio tiene lugar apenas días después de que tomara estado público una serie de denuncias acerca del presunto vaciamiento de la obra social de los camioneros, en el marco de una investigación que busca determinar la responsabilidad de Hugo Moyano en el armado de una "ingeniería empresarial" que le habría permitido a él y su familia sustraer más de 570 millones durante un período de 18 meses.

La investigación surgió de una serie de reportes de operaciones sospechosas que los bancos remitieron a la Unidad de Información Financiera (UF) que conduce José Sbatella, y de acuerdo a la presentación efectuada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ante el Juzgado Federal Nº 11 a cargo de Claudio Bonadío, el dinero que salía de la obra social ingresaba en cuentas que tenían un grupo de familiares de Moyano que figuran como administradores de las firmas prestatarias. Entre estos últimos se encuentra su esposa, Liliana Zulet.

Luego de guardar silencio durante el fin de semana, Moyano se refirió ayer por primera vez a las denuncias. El camionero descartó todo tipo de responsabilidad en los hechos investigados, a los que consideró como una "medida pre-electoral" impulsada por el oficialismo. "Es puro humo, como no pudieron encontrar nada que esté mal hecho, ahora lo trajeron a la luz porque es una medida pre-electoral. Tiene menos credibilidad que Barreda hablando de los derechos de la familia", comentó el sindicalista en declaraciones a Radio América.

Fuentes del sindicato de Camioneros descartaron que la movilización a la Superintendencia, que se encuentra a metros de la Plaza de Mayo, tenga que ver con la investigación que encara la justicia federal, aseguraron que ya estaba prevista de antemano y a pesar de que en un principio la convocatoria es solamente para el gremio camionero, no descartaban la adhesión de otras organizaciones sindicales. Hasta ayer a la noche ningún sindicato se había pronunciado al respecto.

A través de un comunicado de prensa, el gremio justificó la medida de fuerza en lo que consideró un "agravamiento" financiero de las obras sociales ocasionado por las deudas en los reintegros por tratamientos de alta complejidad, y las prestaciones que deben brindar a monotributistas y planes sociales, "así como la falta de reconocimiento de tratamientos oncológicos, HIV y otras enfermedades costosas, la cuales dejan fuera de cobertura, generando un déficit que está llevando al quebranto a muchas obras sociales".

Si bien el reclamo por el atraso en los reintegros por tratamientos de alta complejidad, la falta de actualización en la cápita que pagan los monotributistas o la cobertura de enfermedades de alto costo y baja incidencia forma parte de la agenda de todo el universo gremial, la cuestión se descomprimió recientemente a partir de los últimos anuncios oficiales acerca de mayores desembolsos. La semana pasada, la titular de la Superintendencia, Liliana Korenfeld, anticipó una ampliación del Subsidio de Mitigación de Asimetrías de $ 1900 milloness para 2014, al tiempo que presentó la incorporación de mecanismos de distribución especiales para beneficiar a las obras sociales que atienden a monotributistas, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales y agropecuarios (SUMARTE) y a adultos mayores de 70 años (SUMA 70).

Durante el encuentro del diálogo social que encabezó la presidenta Cristina Fernández con empresarios y sindicalistas el pasado 11, la funcionaria aseguró que mediante la aplicación de los diferentes programas, las obras sociales recibirán una transferencia de $ 6500 millones durante los próximos 12 meses del Fondo Solidario de Redistribución, compuesto por aportes patronales y sindicales.

Además, desde la Superintendencia de Servicios de Salud reiteraron que los reintegros por los tratamientos de alta complejidad se agilizaron a partir de la implementación del nuevo sistema –conocido como SUR– con lo que en la actualidad se tarda un promedio de diez días desde la presentación de la documentación, mientras que el denominado APE residual registró una disminución en el stock de deuda a partir de un cumplimiento gradual de los pagos. "No solamente se está resolviendo el APE residual sino que todo lo nuevo que ingresa sale, y se está resolviendo todo lo que está stockeado", indicó una fuente del organismo. La misma fuente descartó que la obra social de camioneros esté atravesando una situación complicada.
Según datos del organismo, las dos obras sociales del sindicato de Camioneros recibieron 65 millones de pesos en lo que va del año en concepto de transferencias del Fondo Solidario de Redistribución (incluye reintegros, y los subsidios SUMA y SANO), y tiene aproximadamente unos 16 mil afiliados monotributistas, sobre un total de casi 400 mil afiliados.