También desde el oficialismo hubo críticas al radicalismo, más precisamente al diputado nacional Hugo Maldonado que acusó al vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff de concretar un pacto.

La sesión comenzó con la cuestión de privilegio que presentó el hijo del vicegobernador, Darío Bacileff Ivanoff, contra Maldonado y continuó con el fuerte debate por la puja entre la jueza Sandra Saidman y el ministro de Gobierno, Marcos Verbeek.

El debate, que incluyó acusaciones, chicanas y pases de facturas, concluyó con un proyecto presentado por el legislador de Libres del Sur, Carlos Martínez, que invitó a la jueza Saidman para que informe sobre su polémico fallo, iniciativa que fue rechazada por el Frente para la Victoria.

En tanto, los dos proyectos más importantes que formaban parte del orden del día no pudieron aprobarse por falta de acuerdo entre los bloques y resolvieron darle nuevamente preferencia.

Licencia a beneficiarias de los programas Papro y Pam


Fuente:Norte






En cambio, aprobaron un proyecto que establece la prohibición de trabajar para el personal femenino de los programas Papro y Pam durante los cuarenta y cinco días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco días después del mismo.

La iniciativa partió de la diputada Irene Dumrauf y obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Municipales antes de su tratamiento en el recinto.

Determina, además, que “la interesada podrá optar por iniciar esta licencia después y hasta 30 días antes del parto, acumulando los demás días al resto del período del permiso posterior al parto. El plazo no podrá exceder del total establecido”.

La legisladora argumentó en la presentación del proyecto que se busca “alcanzar mayores cuotas de Justicia Social y de sensibilización a nuestra sociedad, sobre la importancia y el valor personal y social de la maternidad, que las beneficiarias de los Programas PAPRO y PAM, puedan tener cubiertas ésta contingencia, que por elementales razones de solidaridad social, importa el cumplimiento del deber de justicia distributiva; igualando sus derechos con el resto de los trabajadores de la República Argentina, estableciendo simplemente un diferencial sistema acorde con la modalidad de la tarea que realizan, no dividiendo una vez más a la sociedad”.

También se sancionó la ley 7.288 que obliga a las empresas a solicitar dirección o correo electrónico y de enviar por dicha vía número y transcripción del reclamo, queja, consulta, gestión administrativa y/o cualquier inquietud del usuario.

La norma plasmó derechos de los usuarios o consumidores y creó mecanismos de protección, además profundizó el acceso a la información y seguimiento, derechos reconocidos en la Constitución Nacional.

En cuanto al plazo, también determinado en la ley, se establece que el envío deberá efectuarse dentro de las 48 horas de realizado el reclamo, queja, consulta, gestión administrativa y/o cualquier inquietud del usuario.

A su vez, el parlamento chaqueño prorrogó nuevamente por Ley 7289, la emergencia agropecuaria, por el término de 180 días (ley 7186), a partir de una iniciativa del diputado aliancista Livio Gutiérrez.

Paralelamente la norma dispone que se declaran revalidados los certificados de emergencia que hubieran sido extendidos por el ministerio de la Producción, en el marco de la ley 5540, sus modificatorias y prórrogas.